Policías municipales de Agua Prieta, Sonora, detuvieron a una persona para entregarla a un grupo de sujetos armados quienes lo violaron y torturaron física y psicológicamente en noviembre de 2020.
De acuerdo con la recomendación 4/2024 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los hechos ocurrieron el 7 de noviembre de ese año cuando esta persona, quien se mantiene en anonimato, transitaba por calles del municipio cuando policías lo detuvieron.
Los efectivos policiales le mencionaron que tenía cierta similitud física con una persona, por lo que le realizaron una inspección a su vehículo y le mencionaron que le harían un interrogatorio en la comandancia, pero esto no fue así.
“No se trasladó al lugar referido con anterioridad, y en cambio los elementos de seguridad municipal lo entregaron a particulares armados”, refiere la recomendación que se dio a conocer este 28 de agosto.
Estos sujetos vendaron a la víctima y le mencionaron que se parecía a una persona, luego lo esposaron y golpearon; fue llevado a otro sitio donde siguió la tortura y los golpes.
En el segundo lugar fue arrodillado y luego golpeado con una tabla en la espalda y en la cabeza cada vez que le preguntaban “sobre lo que había ocurrido con una persona”. Lo trasladaron a un tercer lugar donde le hicieron lo mismo, pero ahí fue violado vía anal. Luego fue regresado con los policías municipales.
Según se lee en la recomendación, dirigida al presidente municipal de Agua Prieta y a la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora, la persona estuvo secuestrada o privada de su libertad del 7 al 10 de noviembre.
“Una vez en la unidad, sus ojos fueron descubiertos y le indicaron que sería llevado ante el ministerio público para declarar sobre los hechos. Ya en las oficinas ministeriales, le negaron su solicitud de llamada y la persona que se encontraba ahí lo obligó, violentamente, a firmar unos documentos (la declaración confesional)”, dice la recomendación.
Tras firmar, la víctima fue llevado al sitio donde había sido torturado para ser sometido ahora a tortura psicológica y luego trasladarlo de nueva cuenta a la comandancía en donde conoció los delitos por los cuales es acusado y a su presunto cómplice.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos aseguró que hay distintos elementos en el caso para considerar que se practicó la tortura física y psicológica. Además participaron policías municipales y funcionarios ministeriales que no investigaron los hechos.
De acuerdo con cifras explicadas en el libro Permiso para matar, en los cuatro primeros años del presidente Andrés Manuel López Obrador se documentaron al menos 489 crímenes de Estado en 30 entidades de la República Mexicana, datos similares a los que se registraron durante los seis años de gestión del presidente Felipe Calderón (2006-2012), al acumular 494 casos en 29 de los 32 estados.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), según el libro que tiene como autores a los periodistas Paris Martínez, Daniel Moreno y al investigador y académico Jacobo Dayán, se registraron 808 casos en 31 estados.
Cabe señalar que en estas cifras los autores engloban asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, todas ellas atribuidas a alguna autoridad federal o estatal.
El libro, que recoge testimonios de familiares y víctimas, identificó mil 824 crímenes de Estado durante los últimos tres administraciones que lleva “el combate” a la delincuencia organizada, lo que representa un crimen cometido cada cinco días durante 16 años de violencia.
“Crímenes perpetrados por autoridades estatales y federales contra personas que salieron a comprar comida, a trabajar, a la escuela, a atender necesidades básicas, a divertirse, personas inocentes e indefensas que se cruzaron con la policía estatal o federal, con el Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, y que ya no volvieron a sus casas”, refiere parte del libro.
En entrevista con Infobae México, dos de los autores, Paris Martínez y Jacobo Dayán, señalaron que el modelo de seguridad implementado por el Estado mexicano ha puesto a la ciudadanía más desprotegida.
“Este modelo de seguridad que se nos ha vendido como un proceso, al final de cuentas nos ha dejado más desprotegidos. En realidad, está operando a la inversa. No nos está dando más seguridad, sino que nos está poniendo a todos y todas en mayor vulnerabilidad. Y como dice una de los testimonios: ‘Esta no es una guerra contra el crimen organizado, es una guerra contra el pueblo mexicano’”.
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