Reforma al Poder Judicial: estos son los países donde sí eligen por voto popular a jueces, ministros y magistrados

El pasado 5 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso de la Unión el último paquete de iniciativas de su sexenio, entre las que destaca la Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), al cual ha acusado de no responder a los intereses del pueblo sino a los de empresarios, políticos y crimen organizado, además de que señala que altos funcionarios perciben sueldos excesivos y prestaciones muy superiores a las que reciben el resto de los trabajadores.

Esta propuesta contempla, a grandes rasgos, la reducción de 11 a 9 de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la eliminación de sus dos salas para que sólo se quede el pleno; la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y, la que quizás es la medida más controversial, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, cuyos candidatos deberán hacer campaña como si buscarán un cargo en el gobierno o en el Legislativo.

Esta propuesta ha generado molestia entre los trabajadores del PJF pues ven riesgos en su carrera judicial, razón por la que entraron en paro indefinido de labores desde la tercera semana de agosto, apenas unos días antes de que el dictamen comenzara a ser discutido en comisiones de la Cámara de Diputados. También ha provocado que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, políticos de oposición, expertos, cámaras empresariales y otros personajes públicos adviertan que la democracia del país está en riesgo ante tal reforma, opiniones que el presidente evidentemente ha rechazado.

Actualmente, la mayoría de los países siguen el método de designación para elegir a los integrantes de sus poderes judiciales, llámense jueces, magistrados o ministros. En el caso de México, actualmente es el presidente quien propone una terna cuando hay vacante en la Suprema Corte y requiere que ⅔ partes del Senado la aprueben para luego llegar a un consenso sobre quién será el nuevo integrante de la Corte; en el caso de los jueces y magistrados, éstos deben formar parte de la carrera judicial del PJF y son nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezcan las disposiciones aplicables, señala el Artículo 97 de la Constitución Mexicana.

Sin embargo, ahora el presidente López Obrador propone que quede atrás la designación para dar paso a lo que ha llamado la democratización del Poder Judicial de la Federación. En su controversial iniciativa -que será discutida ya hasta la próxima Legislatura que inicia el 1 de septiembre de 2024-, AMLO establece que serán los tres poderes quienes postulen a los candidatos a cargos de jueces, magistrados y ministros; estos deberán hacer campaña y será el Instituto Nacional Electoral (INE) la instancia encargada de los comicios, los resultados y la entrega de constancias de mayoría.

Aunque hubo modificaciones en el dictamen que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, el documento original enviado por AMLO en febrero pasado habla sobre la necesidad de que los integrantes de poderes judiciales -cada vez más relevantes en la vida pública- además de demostrar sus capacidades, cuenten con solidez ética y moral, sensibilidad y cercanía con las problemáticas y preocupaciones de la sociedad. Y, con ello, cita los ejemplos de países que en los últimos años han apostado por métodos distintos a la designación, tales como:

En dicho país de la Unión Europea hay dos organizaciones judiciales: la Confederación y la organización judicial de los 26 cantones. Los jueces de la primera (federales) son nombrados por el Parlamento, mientras que los cantones (locales) son elegidos por voto popular bajo el argumento de que así habrá representación de todas las tendencias políticas, por lo que deben ser parte de un partido político o tener cercanía con alguno.

Este ha sido un ejemplo recurrente del morenismo para justificar la Reforma al Poder Judicial, sin embargo, esto no es como lo han difundido, ya que en realidad sólo en 43 estados se elige a los jueces (locales) mediante el voto de la ciudadanía; a los jueces de la Corte Suprema y tribunales federales los designa el presidente y en Senado los confirma, un proceso muy similar al de la SCJN de nuestro país.

En este país asiático, los jueces de la Corte Suprema y tribunales inferiores son designados por el Gabinete (integrado por miembros del Parlamento), pero los primeros deben ser ratificados cada 10 años por el voto de los ciudadanos; además, desde 2009 en Japón se implementó un sistema de jurados populares, para los que se elige a seis ciudadanos mayores de 20 años por sorteo, para que actúen como miembros de un jurado junto a magistrados con experiencia en procesos en los que se juzgan crímenes.

La reforma enviada por AMLO destaca el caso de Bolivia, donde desde 2009 Evo Morales hizo ajustes para que los ciudadanos eligieran a los integrantes de las altas cortes:

“En el año 2011, Bolivia realizó la primera elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por voto popular, lo que representó un hito pues la conformación de una Corte Suprema a través del voto popular es novedosa y dista mucho de los esquemas tradicionales del sistema europeo y anglosajón, que no necesariamente han logrado garantizar legitimidad, independencia y excelencia. En 2017, Bolivia celebró las segundas elecciones de su Tribunal Constitucional.

A lo largo de los seis años transcurridos entre la primera y la segunda elección, surgieron diversas propuestas para modificar este mecanismo, incluso de sustituirlo por otro, aunque finalmente se mantuvo el principio de elección popular, introduciendo respecto del primer proceso determinadas modificaciones que tuvieron relación fundamentalmente con dos aspectos: las reglas de la preselección de candidaturas y las normas sobre la difusión de méritos de las y los candidatos.

A esas novedades se agregó una tercera: diversas organizaciones de la sociedad civil se agruparon para hacerse cargo del seguimiento del proceso electoral, formular sugerencias y propuestas, y advertir sobre aspectos críticos del mismo”, se puede leer en el documento original de la reforma propuesta por Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.

En la iniciativa de AMLO se destaca también que la implementación del voto popular en el país andino buscaba fortalecer la democracia y el Estado de Derecho al crear “una jurisdicción constitucional con independencia real y efectiva”, de ahí que busque replicar el modelo en el caso de los juzgados, tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.