Estas son las brutales tácticas que el CJNG y el Cártel de Sinaloa emplean contra la población en su guerra territorial por Chiapas

En el estado de Chiapas, al sur de México, grupos criminales como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han comenzado a emplear tácticas cada vez más brutales para consolidar su control territorial, utilizando a la población civil como un recurso estratégico en su guerra contra facciones rivales y las fuerzas de seguridad del Estado.

Esta situación ha creado un ambiente de terror en diversas comunidades, como en Chicomuselo o Pantelhó, donde los ciudadanos se encuentran atrapados entre el fuego cruzado y las demandas de estos grupos, que van desde la colaboración forzada hasta el uso de los civiles como escudos humanos, de acuerdo con una investigación publicada por InSight Crime.

El uso de la población civil como escudo y mano de obra forzada se ha convertido en una táctica habitual de los grupos criminales que operan en Chiapas.

Según un trabajador de derechos humanos entrevistado por InSight Crime, que habló bajo el anonimato, los grupos armados han comenzado a obligar a los residentes a participar en bloqueos de carreteras, con el fin de impedir el avance de fuerzas rivales y de las autoridades: “La gente prácticamente se encuentra forzada a quedarse y colaborar”.

En varios municipios, los grupos criminales han acorralado a los habitantes, negándoles la posibilidad de escapar del conflicto. Aquellos que intentan huir para evitar el reclutamiento forzado son amenazados con la muerte.

Un caso particularmente grave ocurrió en mayo en Nuevo Morelia, una localidad en el municipio de Chicomuselo, donde hombres armados asesinaron a 11 personas, incluyendo a dos líderes religiosos. Las víctimas se habían pronunciado a favor de la paz y habían rechazado apoyar a los grupos criminales en conflicto, lo que las convirtió en objetivos directos de la violencia.

Además del reclutamiento forzado, los grupos criminales han extendido su control sobre la población civil captando a trabajadores especializados, como electricistas, plomeros y otros obreros, para que apoyen sus operaciones cotidianas.

Un informe publicado en febrero de 2024 por un grupo de organizaciones de derechos humanos documenta cómo el crimen organizado ha forzado a miles de civiles a participar en actos de violencia, mientras que otros son obligados a brindar servicios esenciales para mantener las actividades delictivas en marcha.

La violencia y la coerción ejercidas por estos grupos han resultado en un incremento dramático en el número de personas desplazadas y desaparecidas en la región.

Entre enero y julio de 2024, 12 mil 771 personas fueron desplazadas en Chiapas, lo que representa un aumento significativo en comparación con las 4 mil 562 víctimas registradas en todo 2023. Esta situación refleja el grado extremo de violencia y el terror que los grupos criminales han impuesto en la población, según InSight Crime.

El conflicto en Chiapas ha sido alimentado por la lucha entre dos de los carteles más poderosos de México: el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, así como el Cártel de Sinaloa, quien actualmente está dividido en varias facciones siendo la más fuerte la de Los Chapitos, comandada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Desde 2021, la incursión del CJNG en municipios fronterizos que anteriormente eran bastiones del Cártel de Sinaloa ha desatado una nueva ola de violencia. Esta guerra territorial ha involucrado a redes criminales más grandes y poderosas, exacerbando el conflicto con los grupos armados locales que ya operaban en la región.

Los habitantes de Chiapas, especialmente en las áreas más afectadas, desconfían de las fuerzas de seguridad del Estado, que han sido incapaces de frenar la violencia.

A pesar del despliegue de 200 soldados en agosto de 2024, la medida ha tenido un impacto mínimo en la reducción de la violencia y algunos municipios han optado por crear grupos de autodefensa en un intento desesperado por protegerse de las organizaciones criminales.

Esta desconfianza hacia las autoridades tiene raíces históricas en Chiapas, donde la población indígena ha sido tradicionalmente víctima de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. En la década de 1990, el gobierno mexicano utilizó al ejército y a grupos paramilitares para reprimir el levantamiento zapatista, un conflicto cuyo legado sigue vivo en la región.

Un defensor de derechos humanos entrevistado por InSight Crime calificó a las fuerzas de seguridad del Estado como “cómplices” del terror que se vive en algunas comunidades, lo que ha silenciado a la población y ha impedido que se denuncien los delitos y la violencia.