
Poco después de las 11:00 horas del 27 de agosto, el empresario Carlos Ahumada Kurtz arribó al Reclusorio Norte de la Ciudad de México para presentarse ante un juez de ejecución.
El acto judicial tiene el objetivo de resolver si procede o no la prescripción de la sanción privativa de la libertad y las sanciones pecuniarias impuestas en 2009 por el delito de fraude.
Reportes del periodista Carlos Vega compartidos en Milenio señalan que Ahumada Kurtz acudió a las salas de oralidad del reclusorio con un traje oscuro e iba acompañado de su abogado, Enrique Ostos, y su hijo Carlos Emiliano Ahumada.
Esta audiencia estaba agendada originalmente para el 21 de agosto, pero el juez de ejecución de sanciones, Rubén Godínez Cerón, decidió reprogramarla para esta fecha, debido a que la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México nombró nuevos apoderados legales.
En la Sala de Audiencias 19 del Reclusorio Norte, Godínez Cerón deberá determinar si Ahumada aún debe cumplir con la pena carcelaria y la sanción monetaria que exigió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) el pasado 16 de julio.
Aquel día, la corporación capitalina señaló que al empresario le quedaba pendiente una reclusión de un año, 10 meses y 23 días tras las rejas, así como el pago de 30 millones de pesos por reparación del daño.

Conviene recordar que Carlos Ahumada fue sentenciado en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal a cinco años de prisión por el delito de fraude genérico y fraude genérico continuado en contra de la antes delegación Gustavo A. Madero. Sin embargo, estuvo en la cárcel sólo tres años antes de abandonar el país.
“Es falso que Carlos Agustín ‘N’ haya compurgado por completo la pena que le fue impuesta por una autoridad judicial”, explicó la Fiscalía de la CDMX en un comunicado.
Fue ante estas consideraciones que la representación legal de Ahumada pidió la realización de una audiencia. “Expresaremos nuestros argumentos orales, solicitándole al juez, porque así procede, la prescripción de la pena [para que no pueda ser recluido en un centro penitenciario]”, señaló Ostos.
El 30 de julio, el empresario argentino-mexicano obtuvo una suspensión definitiva que frenó cualquier posibilidad de detención tanto en territorio mexicano como en suelo extranjero.
“De manera inmediata, todas y cada una de las autoridades que se encuentran señaladas como responsables en el ámbito de sus competencias, deberán abstenerse de aprehender, detener, hacer comparecer y en general, realizar algún acto que impida la libertad del quejoso”, añade el dictamen del juez Erik Zabalgoitia Novales, adscrito al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
Como condiciones para que la protección sea respetada, el juez estableció como requisito el pago de un millón 44 mil 236 pesos como reparación del daño, además de la presencia de Ahumada ante un juez cuantas veces fuera requerido en el desarrollo del proceso penal.
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