*OPINIÓN | El secuestro de la justicia independiente

Los debates por la llamada reforma al Poder Judicial de la Federación no son más que una simulación política para apropiarse de la única línea de defensa para las personas.

¿Sabías que los jueces y juezas federales resuelven asuntos contra actos u omisiones de autoridades? ¿Sabías que en juicio de amparo siempre habrá una parte que tenga la razón y otra que no la tenga? ¿Crees que eso es suficiente para que la parte que no tenga la razón nos llame corruptos a los jueces y juezas federales?

El Poder Judicial de la Federación no necesita una extinción de titulares y del órgano que regula las cuestiones técnicas y administrativas de nuestra labor jurisdiccional.

No es así. Lo que necesitamos son insumos materiales, técnicos y humanos para realizar nuestra labor y poder cumplir con las exigencias de una sociedad que demanda justicia a grito desesperado.

Necesitamos leyes bien hechas, adecuadas y simples que permitan su aplicación sin contratiempos, que realmente generen procesos rápidos y no limiten los derechos humanos de las personas que acuden a la justicia.

Necesitamos que las fiscalías, los policías, los tribunales locales que no pertenecen al Poder Judicial Federal, reciban capacitación real, constante y de calidad en temas de trato a víctimas, cadena de custodia, detenciones, perspectiva de género, interés superior de la infancia, violencia vicaria, violencia económica, violencia sexista, violencia institucional, inclusión y todo aquello que implique la protección de derechos humanos y estándares internacionales, porque ellos son la primera línea de contacto ciudadano.

En efecto, cuando los juicios llegan al Poder Judicial de la Federación, los vicios, la revictimización, las violaciones, las argucias ya están concretadas y los ciudadanos llegan desgastados a exigir justicia con total razón.

La reforma judicial que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados propone un plazo de seis meses para resolver los asuntos en materia fiscal para atender la cuantía en forma genérica, hace referencia a aquellos que conozca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados y jueces de Distrito, como si todos los asuntos fueran idénticos.

Reitera que los asuntos penales deben resolverse en menos de cuatro meses cuando la pena máxima privativa de libertad no exceda de dos años de prisión y en menos de un año en los demás supuestos, siempre que el imputado no requiera mayor tiempo para su defensa.

Señalar una métrica estándar, como si los asuntos no fueran personas sino bloques de concreto ¿crees que funcionaria? La respuesta es un no rotundo.

En realidad, los plazos para emitir sentencias están establecidos en las leyes; sin embargo, no se trata de hacer una simple operación matemática para apegarse a los plazos. Existen muchas implicaciones. Por ejemplo, si la ley permite que cada decisión se impugne es claro que no podemos estandarizar la justicia; por lo que, cesar a mil 719 personas juzgadoras de un plumazo, no hará que los plazos se cumplan como por arte de magia.

Lo cierto es que la reforma judicial no centra “el cambio” en lo que realmente se vive en el día a día en un órgano jurisdiccional federal. No hay medición de cargas de trabajo, no hay medición de complejidad de los asuntos, no se analiza si el personal que conforma un órgano puede solventar en una jornada que no exceda de ocho horas las importantes el exceso laboral, no hay parámetros para establecer si el número de asuntos que diariamente atiende un titular es métricamente correcto para que los estudie y trate con el escrutinio necesario para tomar las determinaciones respectivas.

En 2022 el Poder Judicial de la Federación recibió 1.2 millones de asuntos y, de acuerdo con los datos estadísticos del Consejo de la Judicatura Federal, en 2023 fueron 1.4 millones de asuntos para el mismo número de juzgadores federales y para 2026 se pronostica 40 por ciento de aumento en los ingresos.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico indicó que, de acuerdo con los estándares internacionales, al menos debemos tener 65 jueces o juezas por cada 100 mil habitantes, cuando actualmente tenemos 4 por cada 100 mil habitantes, esto indica que en México una jueza o juez federal realiza el trabajo de 13 juzgadores más.

Entonces, si humanamente un juez o jueza para emitir un trabajo de excelencia y tener el tiempo de revisar cuidadosamente las constancias de los expedientes en forma real y consiente. debería tener tan sólo 7.7 por ciento del trabajo que actualmente se le asigna.

Ahora te pregunto: ¿Es justo que le exijamos tramitar y resolver los asuntos en seis meses, so pena de ser sancionado?

Por otro lado, si la reforma pusiera en el centro a todas las personas que acuden a los juicios a demandar justicia y la protección de sus derechos vulnerados, que es lo realmente importante, entonces armaría y dotaría a los órganos federales de los insumos materiales, técnicos y humanos necesarios para que sea humanamente posible la impartición de justicia en plazos ideales, los especializaría y capacitaría como garantía para los que demandan justicia. Además de ello, ajustaría las leyes para que los procedimientos no limiten el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

¿Qué sucede entonces con las madres buscadoras, con las madres que no logran los pagos de alimentos, con aquellas que no han visto a sus hijos, con los adultos mayores sin atención médica, con aquellos a quienes no se les ha pagado su pensión, con las infancias que requieren sentencias y juicios de fácil comprensión? ¿En realidad crees que la reforma pensó en ellos si las fiscalías y los policías no tienen los insumos necesarios para atender a las víctimas, para realizar investigaciones prontas y con resultados eficaces, si los jueces locales no cuentan con personal suficiente y realmente capacitado en todas las materias?

¿Qué se necesita entonces? Liberar presupuesto para creación de órganos jurisdiccionales, los suficientes para establecer una métrica que permita a las personas juzgadoras impartir justicia de calidad para todas y todos los ciudadanos, para quienes se debe visualizar una verdadera reforma; especialización de materias, sobre todo tratándose de temas que involucren personas vulnerables; unidad de profesionistas auxiliares que puedan actuar en forma inmediata; elementos para una verdadera justicia ciudadana, inclusiva y restaurativa; apostar por la inteligencia artificial como apoyo para reducir cargas laborales; capacitación real y puntual para fiscalías, policías y jueces locales. De nada sirve que el Poder Judicial de la Federación mantenga capacitación constante y de alto nivel, si el resto de las autoridades que tocan el sistema de justicia no la tienen.

Entonces, ¿cuál es la verdadera intención de la reforma al Poder Judicial de la Federación? ¿Qué es lo que en realidad busca? La respuesta es sencilla: eliminar a todos los jueces y juezas preparados para evitar sentencias amparadoras que obliguen a las autoridades a cumplir las leyes, dejando a un lado lo que realmente importa que son los ciudadanos a quienes se les han vulnerado sus derechos más sensibles y por esa razón acuden al amparo en busca de la protección federal.

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