![La guardia Nacional fue creada como un cuerpo de seguridad bajo un mando civil, Gobierno de México)](https://www.infobae.com/new-resizer/pIZVCvUHNyKMwFugIn8mRWSnRWE=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/EVX2SMWD2BF4VGFXJD2JEBF5OY.jpg 420w)
La reforma al Poder Judicial de la Federación ha despertado un debate nacional y ha llevado a que miles de trabajadores de ese órgano se encuentren en paro, mientras que Morena se prepara para aprobarla en septiembre pese a las preocupaciones de los mercados financieros.
Pero esa no es la única reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues su Plan C todavía guarda 18 iniciativas, entre ellas un segundo intento para trasladar a la Guardia Nacional al Ejército, lo que muchos críticos califican como la “militarización” del país.
En medio del debate político, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que la discusión sobre la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será eminentemente jurídica y se abordará con estricto apego al derecho constitucional.
El legislador de Morena destacó que se despejarán las dudas sobre una presunta militarización del país. Si bien reconoció que el debate parlamentario tendrá ingredientes políticos, confía en que se aclararán las ideas sobre la supuesta entrega de la seguridad pública al Ejército que acusa la oposición.
Se debe recordar que después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la ley secundaria con la que Morena pretendía entregar a Sedena el mando absoluto de la GN, se rompió de forma definitiva el diálogo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los ministros.
El argumento de la Corte es que la reforma constitucional de 2019 para la creación de la Guardia Nacional establecía que el mando de este cuerpo de seguridad debería quedar bajo el mando de un poder civil, sin embargo, Morena trató de modificar ese punto a través de una reforma secundaria.
En aquél entonces, el presidente López Obrador adelantó que antes de terminar su mandato intentaría de nueva cuenta una reforma para trasladar a la Guardia Nacional desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Sedena.
Según el diputado, la Suprema Corte debería invocar los mismos principios que utilizó para revertir la reforma a la Ley de Guardia Nacional, aplicando el principio de unicidad del titular del Ejecutivo.
El diputado subrayó que todas las secretarías de la Administración Pública Federal dependen del Ejecutivo, quien “distribuye sus amplísimas” atribuciones entre ellas, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Paro de trabajadores del Poder Judicial
Consultado sobre el paro indefinido de trabajadores del Poder Judicial, Robledo Ruiz aseguró que estos no serán afectados por la reforma que se debatirá la próxima semana. Según el diputado, el diálogo con los trabajadores del Poder Judicial está abierto y aún se pueden realizar ajustes razonados al dictamen.
Robledo Ruiz señaló que el dictamen, que recoge los cambios propuestos por los Diálogos Nacionales, fue circulado desde el viernes 16 de agosto. Afirmó que cualquier ajuste adicional debe ser muy razonado y convincente, pues se concedió un período de 10 días para que todos los interesados se armaran de argumentos para el debate.
En cuanto a la desaparición de organismos autónomos, Robledo Ruiz informó que la Comisión de Puntos Constitucionales se reunirá mañana para discutir y votar el dictamen de reforma que propone transferir las facultades de algunos organismos constitucionales autónomos a diferentes áreas del Ejecutivo. Entre estos, se incluye al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El diputado describió que las funciones del INAI, relacionadas con la resolución de recursos legales y controversias en materia de derecho administrativo, deberían corresponder al Poder Judicial. Afirmó que estas funciones, en su opinión, son más adecuadas para un tribunal administrativo y no para un organismo autónomo.