Quiénes son los cinco empresarios a los que AMLO pidió su opinión sobre la sobrerrepresentación

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los cinco empresarios más ricos de México emitir su opinión acerca de la denominada sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, luego de que el Consejo Coordinador Empresaria (CCE) pidió a las autoridades electorales repartir de “manera justa y equitativa” las diputaciones plurinominales.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 20 de agosto, el mandatario federal solicitó a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, explicar a manera detallada lo que dice la Constitución Política acerca de la sobrerrepresentación.

“A lo mejor no está claro para las organizaciones empresariales, entonces, a mí me gustaría que se informen los más respetados sobre este caso”, declaró.

Luego de que Alcalde explicó lo que se busca con la reforma al Poder Judicial y la integración de la LXVI Legislatura, López Obrador propuso conocer la opinión de los cinco más ricos de México, de acuerdo con la revista Forbes.

“Quiero proponer a cinco, que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación (...). Ellos son escuchados, respetados y queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico Estado de derecho. Que ellos nos den su opinión por el medio que ellos consideren”, insistió.

1. Carlos Slim Helú y familia, cuya empresa más reconocida a nivel internacional es América Móvil. Fortuna (2024): 102 millones de dólares.

2. Germán Larrea Mota Velasco y familia, cuya principal empresa es Grupo México. Fortuna (2024): 27 millones 900 mil dólares.

3. Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas. Fortuna (2024): 13 millones 400 mil USD.

4. Alejandro Baillères y familia, dueños de Grupo Bal. Fortuna (2024): 8 millones 100 mil USD.

5. María Asunción Aramburuzabala y familia, dueña de Tresalia. Fortuna (2024) 6 millones 300 mil dólares.

Según refirió el líder del Ejecutivo, pide la opinión de estos personajes porque “no todo el que tiene es malvado”.

El pasado 18 de agosto, el CCE, máximo órgano de representación del sector privado que agrupa a 14 organizaciones empresariales, aseguró que en los próximos días se tomará “una de las decisiones más importantes para la democracia mexicana”:

“Las autoridades electorales tienen la responsabilidad histórica de determinar, con base en la voluntad ciudadana expresada en las urnas, la asignación de las diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados”.

Aseguró que lo que está en juego es la “preservación de los equilibrios democráticos”, el respeto del voto popular y la representación política del país, por lo que hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a realizar una asignación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución.

“En el sector empresarial confiamos en que las autoridades electorales darán una respuesta que promueva la pluralidad política y la proporcionalidad”, se lee en un comunicado.

La acción no fue bien tomada por el presidente López Obrador, quien, durante ‘La Mañanera’ del 19 de agosto, advirtió que los empresarios “están definiéndose por la corrupción”.

“Están descarándose y no quieren un auténtico Estado de Derecho, quieren un ‘Estado de chueco’ y es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, magistrados y ministros”, sentenció.