Aldrin Miguel Jarquín, conocido en el mundo criminal como ‘El Chaparrito’, es señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los jefes más importantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Colima.
En octubre de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció una serie de sanciones contra el ‘Chaparrito’ y su hermano José Jesús Jarquín, alias ‘R32′. Previamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ya había impuesto un bloqueo a sus cuentas bancarias.
Intentó pasar desapercibido y se ocultó bajo la fachada de un empresario, pero la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un operativo que permitió capturarlo por segunda vez el pasado 18 de agosto, según consta en registros oficiales.
Para cuando Aldrin Miguel Jarquín fue ubicado en Mérida, Yucatán, llevaba poco más de dos años como prófugo de la justicia. Había sido detenido en marzo de 2022 y en junio del mismo año un juez ordenó que fuera liberado con la condición de que acudiera voluntariamente a una audiencia, pero esto no ocurrió.
Daniel Ramírez Peña, el juez que ascendió a magistrado y está en la mira de la FGR
El encargado de ordenar que ‘El Chaparrito’ recuperara su libertad en 2022 fue Daniel Ramírez Peña, quien en ese entonces se desempeñaba como juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Durante los 80 días que Aldrin Miguel permaneció bajo arraigo, las autoridades solicitaron una orden de aprehensión en contra del operador criminal, pero el juez la negó en tres ocasiones por considerar que no había elementos para proceder en contra del detenido.
El juzgador concedió la liberación del ‘Chaparrito’ el mismo día en que se tenía acordada la audiencia de imputación y lo exhortó a que se presentara de forma voluntaria. Jarquín aprovechó esto y escapó.
Daniel Ramírez Peña cuenta con estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, así como con una maestría en Derecho Penal por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal y un doctorado en Derecho Judicial por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit.
En marzo de 2024, la FGR advirtió que iniciaría un procedimiento legal en contra del juzgador debido a su decisión de no vincular a proceso a siete empresarios y exfuncionarios del Estado de México acusados de asociación delictuosa, usurpación de funciones y explotación a un bien nacional en el caso del Viaducto Bicentenario.
“Ese acto delictivo le permitió a un particular el saqueo de más de ocho mil millones de pesos por dicha explotación ilegal”, aseguró la Fiscalía federal en un comunicado. Durante una audiencia, “antes de conocer pruebas y argumentos de las partes, [el juez] emitió públicamente una opinión y anunció su veredicto en contra del Estado Mexicano”, expuso la FGR.
Previo a este proceso, Ramírez Peña fue severamente cuestionado por haber dictado en junio de 2023 una sentencia absolutoria en favor de Isidro Avelar Gutiérrez, exmagistrado acusado de enriquecimiento ilícito y de tener vínculos, precisamente, con el CJNG.
La FGR logró imputarlo luego de detectar un crecimiento en su patrimonio de más de 12 millones de pesos por la venta irregular de una propiedad, pero el juez desestimó la comisión de un delito debido a que tal acción no habría sido cometida en el ejercicio de sus funciones como servidor público, sino en su vida personal.
En junio de 2024, un par de meses después de su controvertida decisión en el caso del Viaducto Bicentenario, Ramírez Peña fue ascendido al cargo de magistrado de Circuito en el Tribunal Colegiado de Apelación del Trigesimosegundo Circuito, con residencia en Colima, el estado donde operaba ‘El Chaparrito’.