Casos como el de Chiapas -estado en guerra por la disputa de tres organizaciones criminales- se repiten en la mayoría del territorio nacional; en los lugares donde no hay disputa es porque el control lo tiene un sólo grupo, sin embargo, eso no significa que exista paz, tranquilidad y seguridad: miles de mexicanos son víctimas de la narcocultura y la coerción social.
Series de televisión, “música bélica” y narcocorridos son algunas de las expresiones más difundidas de lo que investigadores como Nancy Estrella Chávez Llamas identifican como narcocultura:
“Estilo de vida definido por significados, códigos de conducta, sistema de valores, actitudes, creencias, costumbres, expresión de intereses, formas simbólicas objetivadas e internacionalizadas en la vida cotidiana, que hacen referencia al narcotráfico, y que han sido institucionalizadas por ciertas personas de la cultura dominante”.
En su estudio titulado “Representaciones sociales sobre la narcocultura en jóvenes en un entorno rural”, Chávez Llamas señala que el concepto de narcocultura tiene sus raíces en el municipio de Badiraguato, ubicado en la Sierra de Sinaloa y cuna de los narcotraficantes: Joaquín El Chapo Guzmán, Arturo Guzmán Leyva, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno.
Es justo en Sinaloa -y en sus principales ciudades como Culiacán y Mazatlán- donde la cultura de los narcocorridos adquirieron un papel importante entre la población, atrayendo principalmente a jóvenes que buscan identidad y pertenencia. Algunos temas musicales son solicitados por los propios actores de los crímenes a manera de “propaganda” para enmarcar sus “hazañas; en otros casos como Michoacán, se tiene el registro del reparto de textos que justificaban las acciones y la vida criminal de Nazaro Moreno, fundador de La Familia Michoacana.
En entrevista para Infobae México, Edgar Guerra, profesor e investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE, recalcó que en casos como el de Sinaloa, los grupos criminales “ofrecen” a las juventudes vínculos económicos, sociales, identitarios, comunitarios y de reconocimiento.
“En comunidades de narcotraficantes, los grupos armados no solamente brindan dinero; también se trata de poder, de reconocimiento social: que estás participando, que traes camionetas, que eres parte de un grupo y que estás en cargos de decisión. Estos incentivos son muy atractivos para ciertas poblaciones”.
Base social del narco o coerción social
Con la disputa entre el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por Chiapas, y la creación del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG), los niveles de homicidios dolosos en el estado sureño se incrementaron y para el primer semestre de 2024 ya se reportan 786 asesinatos, aunque sólo 357 han sido clasificados como dolosos por las autoridades.
Junto al incremento de homicidios también aparecieron otros delitos para someter a los habitantes de regiones como Chenalhó, Pantelhó, Frontera Comapala y Chicomuselo: extorsiones, desapariciones, cobro de piso y reclutamiento forzado son sólo algunos de ellos.
Denuncias de pobladores e investigaciones periodísticas han dado cuenta de la estrategia de los grupos criminales para controlar y obligar a poblaciones enteras a sumarse a sus filas, ya sea como halcones, pistoleros o para utilizarlos como barricadas humanas. Quienes se resisten son desaparecidos, asesinados o tienen que huir de sus hogares.
“En el contexto que está sumergido México hoy en día, un contexto de violencia, de guerra contra las drogas, de militarización, creo que esto que llamamos base social sí ha cambiado de manera bastante fuerte; hay ejemplos donde más bien se trata de procesos de coerción, en donde las poblaciones son amenazadas por grupos armados”.
En manos de narcos
Edgar Guerra hace hincapié en señalar las diferencias que existen en los diferentes estados y municipios del país donde poblaciones enteras conviven con grupos criminales: “Muchas poblaciones de Guerrero y Michoacán -entre muchos ejemplos- se encuentran en enorme precariedad en términos sociales, económicos y de inseguridad. Esto hace que muchas veces se vean obligados a participar en actividades ilícitas”.
El investigador recordó casos como los de Michoacán y Sinaloa, en los cuáles los registros históricos dan cuenta de la participación de algunos de sus pobladores en la siembra de sustancias prohibidas.
“Ciertos grupos poblacionales se dedicaron por años a algunas actividades ilícitas, como la siembra y trasiego de marihuana, actividad hasta cierto punto tolerada en la región; entonces, ahí podríamos pensar que las actividades ilícitas sí tienen una base en la sociedad. Sin embargo, en esos años no se veía tan así como una actividad ilícita, era más bien una forma de encontrar alternativas de producción, de actividades económicas, alternativas de llevar dinero a las comunidades”.
Además de las carencias económicas, la violencia política y los enfrentamientos entre grupos rivales contribuyen a dejar en un estado de mayor vulnerabilidad a poblaciones enteras, quienes son orilladas -por seguridad, por identificación o por coerción social- a unirse a células criminales.
En regiones de Michoacán, Guerrero, Baja California, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz -y casi en todo el país-, pobladores, comerciantes y empresarios son obligados a pagar “impuestos” o a trabajar como halcones (vigilantes) a cambio de que no les hagan daño.
“En estos casos, el concepto de base social no aplica tanto, puesto que más bien es una situación de coerción y de amenaza”.
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