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“Si le dijeron que yo iba, le mintieron y cayó en la trampa”. Estas fueron las declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, después de hacerse pública una carta firmada por Ismael El Mayo Zambada en la que el capo señaló que fue secuestrado al asistir a una presunta reunión en la que estarían presentes Héctor Melesio Cuén Ojeda, Joaquín Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y el mandatario sinaloense.
La carta del Mayo Zambada -difundida por el abogado Frank Pérez- revelaría lo que periodistas y opositores a Morena han señalado: los presuntos nexos entre el exlíder del Cártel de Sinaloa y Los Chapitos con el partido oficialista para financiar sus campañas en las elecciones de 2018, 2021 y 2024.
“Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, se lee en la carta del Mayo Zambada.
Uno de los periodistas que lograron investigar y revelar aspectos internos del Cártel de Sinaloa y Los Chapitos es José Luis Montenegro, quien en entrevista para Infobae México descartó que el estado de Sinaloa pueda ser gobernado sin la venia de la organización criminal.
“El poder del estado ha sido rebasado por el poder del narcotráfico y ahora ellos tienen que rendirles cuentas a los criminales”: José Luis Montenegro.
El periodista y autor del libro Los Chapitos: radiografía criminal de los herederos del Cártel de Sinaloa, recordó que esta relación no siempre fue así y que en el pasado los capos se tenían que alinear a la estrategia política, económica y social:
“Ahora ya no es así y va a ser muy difícil desprenderse de eso porque también la economía informal que genera el narcotráfico es parte de la estructura formal (...) Muchos de los negocios en el estado lavan el dinero de los narcos; en muchas marisquerías, expendios de cerveza y antros dependen del crimen y son utilizados para vender estupefacientes. Hay una complicidad a tal nivel que sin la venia o sin el aval entre el narcotráfico y el Estado, la economía sí se tambalearía en Sinaloa”.
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Gobernar entre narcos
Cuando el gobernador Rubén Rocha Moya tenía pocos meses en el cargo ofreció una entrevista exclusiva a José Luis Montenegro en donde le señaló que “no se puede ignorar lo que hay en tu estado”, esto en alusión al papel de personajes como El Mayo Zambada y Los Chapitos y el poder que tienen para controlar varias regiones de la entidad; además, el mandatario recalcó que “no hay necesidad de tener pactos, ni relaciones, ni entendimientos con la delincuencia. Esa no es una de las inclinaciones que tenga ni mi gobierno, ni el gobierno de Andrés Manel López Obrador”.
En la carta del Mayo Zambada también se menciona a José Rosario Heras, presunto comandante de la Policía Ministerial y quien trabajaba como escolta del capo. Otros políticos salpicados por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa son: Quirino Ordaz, exgobernador y embajador de México en España; la alcaldesa de Elota, Ana Karen Val Medina; y el propio Héctor Melesio Cuén Ojeda, asesinado el mismo día que capturaron a Zambada García.
Y es que la relación entre el crimen organizado y el gobierno de Sinaloa no es nueva. José Luis Montenegro recuerda los orígenes del también llamado Cártel del Pacífico después de la ruptura del Cártel de Guadalajara y la detención de los grandes capos en la década de 1980: Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero.
“Después de una serie de juntas con el Gobierno Federal de Carlos Salinas de Gortari, se da la repartición de territorios y surge el Cártel de Sinaloa operado por Héctor ‘El Güero ’Palma, El Mayo Zambada, El Chapo Guzmán y Juan José Esparragoza Moreno. Cuando esta organización se consolida y toma como sede principal ciudades específicas como Culiacán y Mazatlán, empieza a operar el narcotráfico y empiezan a adquirir mayor poder y a poner en ciertas plazas (sindicaturas, regidurías, alcaldías y en el gobierno estatal) a sus personajes clave para que les permitan negocios al amparo del poder público. Ellos adquieren el poder para saber quienes van a ser los próximos candidatos y los que van a ordeñar las instituciones relacionadas con la minería, el agua y el gas, lo que les dio más poder económico. A partir de ahí lo único que ocurrió en el estado es que su influencia creció y se expandió a otras regiones de Durango y Chihuahua, hasta formar el ‘triángulo dorado’ donde ellos tenían el control político, económico y social de las tres entidades”.
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