Existe consenso por la reforma pero con un Poder Judicial independiente, señala Norma Piña

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, subrayó la importancia de la independencia judicial como uno de los derechos que garantiza la democracia.

En el Encuentro Internacional sobre la Independencia Judicial, Piña Hernández resaltó que “La independencia judicial es un derecho humano con contenido propio que supone una garantía para los justiciables en las democracias constitucionales; sin ella ese derecho se distorsiona y se desfigura”.

Piña Hernández afirmó que “en nuestro país existe un consenso en torno a la necesidad de reformar el sistema de justicia en su conjunto, pero con un Poder Judicial independiente, integrado por personas juzgadoras con sólida preparación y constante formación”.

Este enfoque busca asegurar que los magistrados posean una sólida formación y capacidad para interpretar las normas con una perspectiva de derechos.

Durante su intervención, Piña Hernández, también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), enfatizó la crucialidad de proteger la independencia judicial para garantizar una justicia imparcial y confiable.

Al ahondar en las necesidades del sistema judicial mexicano, la ninistra destacó el consenso existente sobre la necesidad de reformar estructuras judiciales sin comprometer la autonomía de los jueces.

“La pluralidad y rigor técnico de este Encuentro permitirá que quienes tienen en sus manos esta decisión identifiquen rutas de acción y caminos alternativos para mejorar la justicia fundamentalmente en nuestro país,”, comentó Piña Hernández según La Corte.

Entre los ponentes destacados también se encontraron Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) de México anunció este martes su intención de convocar un paro indefinido de labores en respuesta al avance de la reforma judicial impulsada por Morena, que busca elegir por voto popular a los jueces.

Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la JUFED, explicó durante una manifestación a la entrada del edificio del Poder Judicial en la Ciudad de México, que los integrantes de la judicatura formaron una “coalición para la defensa de la independencia judicial”.

“En su caso, (los trabajadores del Poder Judicial) acordaremos la suspensión temporal de trabajo, en uso de un derecho de rango máximo”, señaló Fuentes Velázquez.

Además, destacó que esta medida extrema solo se utilizará “con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales”.

En su intervención, Fuentes Velázquez subrayó que la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene implicaciones serias.

“Sin duda alguna abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre los poderes judiciales”, advirtió.

Además, otro aspecto crucial que señaló la presidenta de la JUFED es que la reforma podría parecer una medida democrática, pero implica riesgos profundos para la protección de los derechos humanos.

En este sentido, enfatizó: “Cuando la justicia se convierte en un juego político, los derechos humanos de quienes no tienen voz y poder se ven relegados”. Esta declaración pone de relieve el impacto potencial en los sectores más vulnerables de la sociedad.

La jueza hizo un llamado al nuevo Gobierno para que aproveche esta oportunidad histórica y logre una reforma judicial trascendental.

“El nuevo Gobierno tiene la oportunidad histórica de lograr una reforma trascendental si reconoce el deber de abordar los problemas de acceso a la justicia”, afirmó Fuentes Velázquez, citada por Infobae.

Para ello, señaló que es fundamental proporcionar seguridad jurídica a los inversionistas y atender frentes clave como la profesionalización de policías y fiscales, el robustecimiento de las defensorías públicas y la regeneración del sistema carcelario.

Finalmente, destacó la necesidad de planificar la suspensión de labores de manera preventiva, señalando que ya se han ejecutado los pasos necesarios para decretarla en el momento en el que se vuelva necesaria.

“Anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirían decretarla en el momento en el que se vuelva necesaria”, indicó la presidenta de la JUFED.