Instalan antimonumento a 10 años del derrame tóxico en el Río Sonora: “El gobierno prometió justicia y no cumplió”

La noche del martes 6 de agosto, pobladores de la cuenca de Sonora y organizaciones civiles instalaron un antimonumento en la Plaza Emiliana de Zubeldía, en Hermosillo, a manera de protesta por los 10 años de impunidad en el que ha sido el mayor desastre ecológico provocado por la actividad minera no sólo en el estado, sino en todo el país: el derrame de metales en los ríos Bacanuchi y Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014.

“Se conmemoran 10 años de impunidad, de abuso a los empobrecidos, de voltear la cara a los que piden justicia. Se cumplen 10 años de complicidad entre quienes gobiernan y entre quienes dicen ser un motor de desarrollo en el país. 10 años de favorecer a quien concentra el dinero y el poder a costa de nuestro bienestar”, denunciaron en un pronunciamiento.

En plena plaza, las víctimas de la contaminación en ambos ríos que afectó a más de 22 mil personas portaban pancartas con las leyendas “Salud para nuestras niñas y niños”, “No hay remediación si nuestra participación” y “Grupo México, ¡basta de impunidad”; además, en uno de los edificios proyectaron otras consignas como “Secretario de Salud, ¿por qué no da la cara?”, “Profepa y Conagua: 10 años protegiendo a Grupo México”, “De cobre no come el Río Sonora, primero la vida, después la minería”, y “El gobierno prometió justicia para el Río Sonora y no cumplió”.

Antes de la manifestación pacífica, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el martes 7 en su tradicional conferencia matutina que su administración reabrió el caso y que incluso había un dictamen en el que se reconoce el daño causado por Grupo México por lo que se le exigía hacerse cargo de los daños y revertir el problema de la contaminación en el agua. AMLO se comprometió a que en los próximos días, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, ofrecería en la mañanera un avance sobre el caso.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, emitió un comunicado en el marco del décimo aniversario del desastre ecológico, en el que reiteró su compromiso para garantizar la atención integral a los habitantes de la cuenca en salud, rescate ambiental y recuperación productiva, tal como lo prometieron él y AMLO al asumir en sus respectivos cargos. “El gobierno que encabezo asume el reto de continuar trabajando para generar condiciones que garanticen el desarrollo de las actividades mineras con plena responsabilidad social y ambiental”, se lee en el escrito.

El 6 de agosto de 2014 la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, derramó más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el arroyo Tinajas, contaminando severamente los ríos Bacanuchi y Sonora y afectando a casi 23 mil pobladores, lo que convirtió a este evento en el desastre ecológico más grande en la historia de la minería de nuestro país.

De acuerdo con el Gobierno de México el agua tóxica proveniente de ambos ríos llegó a la presa “El Molinito”, por lo que personas y animales estuvieron en contacto con el líquido contaminado; en consecuencia, Protección Civil ordenó el cierre de más de 300 pozos, lo cual además de la falta de recurso y los problemas de salud, derivó en una crisis en las actividades económicas de los municipios de Arizpe, Bacoachi, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures.

En su momento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó a Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea Mota Velasco, limpiar el agua y detener sus actividades en Buenavista del Cobre, además de que presentó una denuncia contra quién resultara responsable de dichos delitos contra el medio ambiente. La empresa pagó una multa poco significativa, pero los pobladores no vieron ni una compensación económica.

Desde entonces, los afectados son acompañados por el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), una ONG que les brinda asesoría legal y que les ha ayudado a interponer amparos a fin de que Grupo México se haga responsable y de que las dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto, que se supone debían velar porque la empresa resarciera el daño, como Sagarpa, Semarnat, Conagua, Cofepris y la Secretaría de Salud federal, sean castigadas también por desacato.

Buenavista del Cobre indicó en su momento que no se había encontrado evidencia de que la contaminación del acuífero hubiera dejado personas fallecidas o enfermedades directamente relacionadas con la misma, sin embargo, PODER documentó a en los dos años posteriores que casi 400 personas presentaban afectaciones, ya que vale recordar que los metales pesados eran bioacumulables y sus efectos se podrían ver incluso a mediano o largo plazo.

“La atención a las personas cuya salud se ha visto mermada por el derrame ha sido en general de mala calidad: los testimonios dan cuenta de diagnósticos cuestionables (”a todo nos dicen que es alergia”, reportó una señora), o que se les hacen análisis cuyos resultados tardan meses en conocer, además de la falta de medicamentos para tratar los padecimientos. Sólo en casos excepcionales se reportan buenas experiencias de atención a la salud”, indica un análisis de PODER.

Para 2017, se canceló la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas) para dar seguimiento a la salud de los habitantes afectados por el derrame tóxico y la instalación de 28 plantas potabilizadoras porque Grupo México argumentó que el gobierno de Sonora, entonces a cargo de Claudia Pavlovich, no contaba con los recursos y la capacidad de operarlos. Ese año, el Grupo Microanálisis de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) determinó que el agua del río Sonora todavía tenía altos niveles de plomo, arsénico y cobre.

Para 2019, ya con AMLO en el gobierno, las secretarías de Salud (Ssa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) determinaron que Grupo México sí había incurrido en un daño y señaló a la empresa de Germán Larrea por incumplir con la orden de resarcirlo; un año después, la Cofepris y los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) volvieron a hallar altos niveles de metales en el agua, pero Grupo México negó ser el responsable de la contaminación. En 2023, la Semarnat denunció penalmente al conglomerado por incumplimiento en la reparación del daño