Por qué caminamos entre narcos: de la base social al mafiogobierno

No hay estado del país que esté libre de la presencia del crimen organizado, en la mayoría se ubican los grandes cárteles de la droga; en las regiones en las que no han podido tomar el control, es por la presencia de grupos locales, autodefensas, falsas autodefensas y cárteles más pequeños que defienden sus plazas. En todos los casos, en los 2 mil 471 municipios del país, la población camina entre narcos.

El fenómeno del narcotráfico es más complejo que el simple trasiego de drogas: corrupción, pactos político-criminales, lavado de dinero, financiamiento de campañas políticas y un sistema judicial endeble permiten que las organizaciones criminales también incursionen en otros delitos que los ayudan a hacer crecer su infraestructura y obtener los recursos económicos para someter a poblaciones enteras.

Extorsión, secuestro, cobro de piso y robo de combustible, son sólo algunos ejemplos de lo anterior y ocurren en todo México, desde Chiapas a Baja California y desde Quintana Roo a Tamaulipas: Puebla, Estado de México e Hidalgo, por ejemplo, ocupan los primeros lugares en ‘huachicoleo’; Veracruz es el primer lugar en secuestros durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador; y el Estado de México se mantiene como el primer lugar en extorsiones: a nivel nacional cada hora se registra una víctima de este delito.

Los datos anteriores están dentro de los informes oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del informe Monitor de Seguridad publicado por la Confederación Patronal de la República Mexicana.

El común denominador de los estados donde se registra mayor presencia de estos tres delitos es el control o disputa entre narcos y de organizaciones criminales que compiten por el dominio de las plazas: La Nueva Familia Michoacana, Los Zetas Vieja Escuela, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, son algunos de ellos.

Casos como el de Quecholac, Puebla, en el que la candidata ganadora en las elecciones para la presidencia municipal (Guadalupe Martínez) es hija de un presunto líder huachicolero, se dan gracias a la base social del crimen organizado.

Antonio Martínez Fuentes, padre de la candidata electa, fue capturado en 2017 por la Secretaría de Marina y aunque también se le relacionó con una balacera que cobró la vida de 10 personas en mayo de 2017, por falta de pruebas lo dejaron libre.

Previo a las elecciones del pasado 2 de junio, “El Toñín” (así se hace llamar en redes sociales) utilizó a sus seguidores para catapultar la figura de su hija a la presidencia municipal de Quecholac, cargo que también ocupó su tío José Alejandro (2018-2021), quien dicho sea de paso estuvo preso por ejercicio indebido de funciones.

Para ganarse o hacerle ganar la simpatía del pueblo de Quecholac a su hija, “El Toñín” llenaba su camioneta con verdura (durante la pandemia de Covid-19) y salía a repartirla entre la población, práctica que mantuvo hasta la campaña de Guadalupe; en respuesta, la gente no sólo lo estima, también lo protege.

Edgar Guerra, investigador del Programa de Políticas de Drogas del CIDE, advierte que el término de la base social del narco debe utilizarse con cuidado, pues la presencia de los grupos criminales y sus relaciones con las poblaciones a lo largo y ancho del país no son siempre las mismas.

Hay dos ejemplos más que ejemplifican lo que el investigador explica: Michoacán y Chiapas. En el primero, desde hace décadas -señala Edgar Guerra- ciertas familias y grupos poblacionales se han dedicado a algunas actividades ilícitas, como la siembra y trasiego de marihuana, una actividad hasta cierto punto tolerada en la región.

El caso de Chiapas ha sido un poco más violento, sobre todo en los últimos meses. Más de 3 mil personas han decidido abandonar sus hogares en municipios como Tila, Chenalhó, Pantelhó, Frontera Comapala y Chicomuselo por la violencia que desató la guerra entre los cárteles de Sinaloa, de Chiapas y Guatemala y CJNG.

Los pobladores dejaron todo atrás para evitar ser utilizados como barricadas humanas por los grupos criminales; otros más los obligan a unirse a sus filas; los que se resisten, simplemente son asesinados. Según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, en lo que va del 2024 se estima un total de 8 mil 659 personas desplazadas forzadamente en todo México, mientras que en el acumulado desde 2008 a 2023, la cifra asciende a 392 mil víctimas.

¿Qué hacer para evitar el crecimiento de los grupos criminales?, ¿Cómo proteger a la población? y ¿Cuál es el futuro para México de seguir por la misma línea de los “abrazos, no balazos? son sólo algunas de las preguntas en el aire.

Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, afirmó para este medio que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, México se consolidó como un “mafiogobierno”.

El académico recuerda que México ya tuvo a un secretario de seguridad -y a varios gobernadores, presidentes municipales, policías y militares- vinculado y declarado culpable en una corte de Estados Unidos (Genaro García Luna); agrega que al no aplicar las medidas necesarias para combatir al crimen organizado, AMLO permitió que “el cáncer hiciera metástasis”.

Por los más de 190 mil homicidios en su sexenio, por la expansión de los cárteles de la droga a la mayoría de los municipios, por los más de 115 mil desaparecidos, por las más de 5 mil fosas clandestinas, por los más de 5 mil feminicidios, “no podemos decir que México es un narcogobierno, es un mafiogobierno”.