La producción pública de medicamentos: propiedad intelectual, acceso a la salud, política de patentes e innovación (2)

Esta es la segunda parte de tres de este artículo, aquí la primera.

Sobre las licencias obligatorias o compulsivas se afirmó en la entrega anterior que forman parte de una política de flexibilidad y balance. En efecto, son viables en los casos establecidos en la ley y fungen como un permiso, como una de las flexibilidades a la protección de las patentes, contempladas por los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en su artículo 40.

El objetivo es flexibilizar el derecho de protección de los productos farmacéuticos reconociendo la facultad de los países de poder tomar medidas que se encaminen a primar la salud pública, así como el acceso a los medicamentos, a través de una producción de fármacos esperada y su abastecimiento a suficiente escala. Los casos de países que han obtenido éxito en la obtención de licencias obligatorias siguen siendo, sin embargo, escasos.

Ahora bien, dentro de los conceptos de la producción y abastecimiento de medicamentos, la tendencia actual en la doctrina esboza una idea de innovación inclusiva que se denomina “Dinámica Inclusiva del Desarrollo Tecnológico”. Es, en efecto, un desarrollo de varias dinámicas con miras a incluir todos los sectores que participan en la cadena productiva de la invención dentro de una política integrada y articulada de innovación inclusiva que, ante todo, contemple la producción pública de medicamentos (PPM) como instrumento de política pública esencial.

El beneficio último de la Dinámica Inclusiva del Desarrollo Tecnológico, según se muestra en la experiencia internacional, es que en definitiva se logre que exista un instrumento de política pública capaz de remediar, en términos de funcionamiento adecuado, el acceso a la salud en igualdad de condiciones hacia todos los sectores de la población.

Hablar de desarrollo inclusivo significa despuntar la ciencia y la tecnología propia de una región y subsecuentemente de un país, pero en esferas que van más allá de la privada o la mixta. La cuestión va más allá de la ya compleja provisión de medicamentos, enfocándose a puntos estratégicos que plantea actualmente el sector salud:

- La política pública integrada, como factor en sí mismo y como factor capaz de desarrollar políticas públicas transformadoras dentro de la Dinámica Inclusiva del Desarrollo Tecnológico.

- La eficiencia del gasto público y privado que se genera en la producción de medicamentos, lo cual implica un conjunto amplísimo de estrategias a desarrollar.

- Una garantía de acceso a la salud en igualdad de condiciones para todos.

- El factor de la innovación con su desafío de generar dinámicas con miras al desarrollo inclusivo.

- La no menos importante tarea de posibilitar la distribución de medicinas dentro de una zona geográfica trazada, como parte de la mencionada política.

Pero surgen las siguientes interrogantes: ¿qué capacidad tiene el actual sector público productor de medicamentos y cuál es la relación entre política de salud y mercado de medicamentos? Como factor de implementación y de transformación, ¿es posible configurar una política integral de PPM que conviva con la compra privada? ¿Bajo qué condiciones una política pública de PPM puede desplegar dinámicas concretas de desarrollo inclusivo? Son preguntas actuales y pertinentes que el propio sector debiera de plantearse con bastante seriedad ya que esto no es visto desde la raíz del problema: si se tuviera un mayor escenario presupuestario destinado a la eficiencia innovadora por las Unidades Productoras de Medicamentos (UPM) y una participación concreta y eficiente de éstas dentro del aparato legal y regulatorio, podría verse más abierta gran parte de la criticada hegemonía privada (2).

(2) Las UPM conforman el sector de la PPM y se subdividen en laboratorios públicos y en farmacias hospitalarias. Ambos tipos producen medicamentos pero dirigidos a un público distinto ya que las segundas destinan sus productos generalmente a los pacientes a cuyo hospital pertenecen, mientras que los laboratorios públicos surten medicamentos a una extensa red de sistemas de salud a lo largo del territorio del país, abarcando hospitales públicos o privados, planes y programas de provisión pública de medicamentos o inclusive venta minorista en farmacias.

Es de tener en cuenta además que entre esos laboratorios podemos encontrar los que dependen del gobierno nacional, de universidades nacionales, de gobiernos estatales e incluso de municipios.

* MARTA CAROLINA GIMENEZ PEREIRA.- Actualmente es Profesora Investigadora a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus México. Su cargo precedente fue el cargo de Profesora Investigadora Asociada del Posgrado en Derecho y Politicas Públicas en el Centro Universitário de Brasilia (CEUB).

Es Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (IIJ UNAM).

Tiene cuatro Postdoctorados: en Derecho por el Instituto Meridional (IMED) de Río Grande do Sul, Brasil, cursado con beca de CAPES/CNPq; un Postdoctorado internacional en Nuevas tecnologías y Derecho en el MICHR de la Universidad “Mediterranea” de Reggio Calabria, Italia, mencion cum laude; en Derecho y Politicas Públicas por el Centro Universitário de Brasilia (CEUB) y el otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Colombia.

Igualmente, realizó un Visiting Researcher dando clases en el Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI, Universidad de Estrasburgo, Francia.

Fue Profesora Investigadora Visitante del Programa de Posgrado en Derecho en la Universidad Federal da Bahía en Salvador, Brasil y es Líder del Grupo de Investigación “PINTEC” en la misma Universidad, actuando conjuntamente con redes de investigación tanto en México como en Argentina y el sur de Brasil dentro de varios grupos académicos y científicos de Investigación, como ser el SEPEPI del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Posee título de Abogada tanto en México como en Paraguay, donde se graduó como Abogada con Medalla de Oro por la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Es Especialista en Derecho de Energía por la Universidad Libre de Derecho, México; Notaria y Escribana Pública por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay; Traductora e intérprete en Lengua Francesa por la Universidad Nacional de Asunción y por la Cámara de Comercio e Industria de París. Ha litigado en derecho de propiedad intelectual y nuevas tecnologías en bufetes en México.

Participó en diversos foros nacionales e internacionales de propiedad intelectual y en foros de investigación en diversas Universidades nacionales e internacionales. Ha sido colaboradora del Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia en la región latinoamericana. También realizó estancia de investigación de tipo Visiting Professor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España.

Sus líneas de investigación son: Propiedad Intelectual, Acceso a la Salud, Biotecnología y Nuevas Tecnologías en el derecho comparado.

Es autora de libros, artículos científicos y diversas publicaciones en varios idiomas en España, Francia, Brasil, Italia y México.