Federación Latinoamericana de Magistrados arremete contra reforma al Poder Judicial de AMLO: “Somete a los jueces”

A pocos días de que concluyan los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que comience su discusión en el Congreso de la Unión, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) emitió un comunicado donde criticó la intención de que los jueces y magistrados sean electos mediante el voto popular.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación emitió un comunicado en su sitio web oficial, a través del cual compartieron la postura de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), misma que fue fijada tras sostener una reunión interinstitucional.

En el mensaje, la FLAM expresó “su profunda preocupación por los proyectos legislativos que promueven la designación de los magistrados utilizando mecanismos que permitan el voto de la ciudadanía para la elección de los jueces que integran el Poder Judicial, equiparándolo a la elección popular de los cargos políticos que habrán de integrar los otros poderes del Estado”.

De igual manera, criticaron que el proyecto, en caso de aprobarse, pretenda ser instaurado de manera retroactiva a los magistrados. Dicha medida, aseguraron, desconoce los derechos adquiridos de forma legítima a la luz del sistema constitucional vigente en el momento del nombramiento de los mismos. Por ello, expusieron que:

“Esa modificación claramente aspira a generar un sometimiento de los jueces vulnerando la independencia del Poder Judicial, y con ello el principio de la división de poderes”, en el comunicado.

En el mensaje, la FLAM recordó que una garantía para “las y los justiciables” consiste en que quienes ejercen la magistratura solamente se encuentren sometidos a la Constitución y las leyes “con estricto respeto al principio de jerarquía normativa”, por lo que deben permanecer independientes en sus funciones jurisdiccionales.

“Como consecuencia de ello, los otros poderes del Estado y en general todas las autoridades, instituciones, los organismos nacionales o internacionales; así como los diferentes grupos y organizaciones económicas, políticas y sociales deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura”, agregaron.

En caso de aprobarse la reforma, según informó la FLAM, podría transgredirse el orden jurídico constitucional como resultado de una mala interpretación de la defensa de la voluntad popular. Y es que, aseguraron, aunque el pueblo es último titular del poder político, debe atender los procedimientos habilitados para hacer explícita aquella voluntad.

“En ese entendimiento, es que ese ‘principio de representación’ reconocido por todos los ordenamientos jurídicos de orden superior para la designación de jueces y juezas, de todas las instancias, debe ser ejercido por los órganos específicamente por ellos establecidos”, argumentaron.

Dentro del documento firmado por Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), aseguraron que el respeto a la independencia de los integrantes del Poder Judicial es, además de una garantía para la ciudadanía, un deber de todos los poderes del Estado para poder garantizar la paz social y el establecimiento de un orden jurídico fuerte y eficiente.

“Es por todo ello que esta Federación EXHORTA a las autoridades de los poderes de los Estados a cumplir con los principios enunciados precedentemente, respetando la independencia de quienes ejercen el poder jurisdiccional y evitando avasallarla con actos de gobierno que impliquen el amedrentamiento o la vulneración de esos principios”, concluyeron.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), manifestó la dificultad de calcular con precisión el costo de futuras elecciones de jueces y magistrados, durante su intervención en los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial. Estas observaciones se deben a la complejidad inherente y las características específicas de cada proceso electoral, las cuales varían significativamente según el número de funcionarios a elegir.

Estos nuevos procedimientos electorales están siendo ampliamente discutidos en círculos políticos y mediáticos, debido a la relevancia que tendrían para el funcionamiento del sistema judicial. Al respecto Taddei Zavala recalcó que el desafío de implementar estos procesos con el mismo rigor que las elecciones tradicionales podría representar un reto logístico y financiero a largo plazo. “El costo podría ser equiparable al de una elección presidencial”, afirmó al abandonar el recinto legislativo.