El Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, fue presentado esta mañana en el Senado de la República, y de acuerdo con las organización Causa en Común, los resultados en materia de seguridad pública durante el actual sexenio son poco satisfactorios..
El documento, elaborado en conjunto con la organización Causa en Común, plantea serios cuestionamientos sobre la participación de las fuerzas de seguridad bajo el mando de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.
El informe indica, entre sus principales puntos, que la creación de la Guardia Nacional no ha proporcionado resultados significativos en términos de seguridad pública. Además, subraya que el incremento presupuestal dirigido a las Fuerzas Armadas ha resultado en la paralización o reducción de recursos destinados a las policías locales.
Esta redistribución de fondos ha debilitado las capacidades de las fuerzas policiales locales para abordar la criminalidad en sus regiones.
El documento advierte que este fortalecimiento financiero, combinado con la “tradicional opacidad” de las Fuerzas Armadas, incrementa el riesgo de corrupción. Aunado a esto, se alerta sobre el aumento del peligro de violaciones a los derechos humanos, al involucrar a las fuerzas militares en tareas de seguridad que, según especialistas, no deberían ser de su incumbencia.
El evento de presentación fue organizado por el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien enfatizó que la seguridad nacional debe basarse en políticas de Estado que integren el diálogo y la escucha a diversos actores de la sociedad.
Álvarez Icaza lamentó que en el actual sexenio, se ha visto una gran dificultad para hablar sobre estos temas con organizaciones civiles. Apuntó que esta falta de diálogo es una debilidad para el país y anticipa un desafío para la próxima administración.
El senador también hizo un llamado a poner en el centro del debate la posibilidad de “militarización de la República,” argumentando que diversas propuestas de reforma enviadas por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión buscan abrir la puerta para que las Fuerzas Armadas tengan participación en ámbitos como el control de aduanas y aeropuertos.
Durante la presentación, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, destacó que desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha recibido solo 16 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Sin embargo, de enero de 2019 a mayo de 2024, tanto esta institución como las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina han acumulado 4,800 quejas por violaciones a los derechos humanos.
Morena defiende resultados de la Guardia Nacional
Morera subrayó que los informes internos de la Guardia Nacional muestran que entre 2020 y 2023 no se ha sancionado penalmente a ningún elemento por faltas.
También mencionó la preocupación persistente por las denuncias de espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, aunque la CNDH ha negado la existencia de tales actividades.
Álvarez Icaza recalcó que la incapacidad para discutir abiertamente estos temas evidencia una debilidad política que perjudica gravemente a la sociedad.
“Me parece que es una primera debilidad, como país, que no estemos encontrando las formas para dialogar, eventualmente, para uno de los temas que más nos duele como sociedad; es uno de los temas que más nos preocupa, y eso apunta a un desafío para la próxima administración,” afirmó el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El legislador apuntó que las propuestas de reforma que se han remitido al Congreso de la Unión buscan que las Fuerzas Armadas tomen control de diversas áreas, lo que podría llevar a una militarización total del país.
Es vital, según él, que este tema se coloque en el centro del debate público para evaluar si las reformas propuestas realmente son beneficiosas para la seguridad y el bienestar del país.