El día que un sindicato declaró la huelga de los inquilinos para no pagar renta

La crisis de vivienda actual en México resuena con ecos de una lucha histórica que, aunque muchas veces olvidada, marcó un precedente crucial en la defensa de los derechos de los inquilinos.

La huelga inquilinaria de 1922 es recordada como uno de los episodios de la lucha por los derechos en el país.

El movimiento reflejaba un descontento generalizado por los altos alquileres y malas condiciones de vivienda, también respondía a una estrategia política de organización y protesta, convirtiéndose en un significativo movimiento social urbano, según el artículo Huelga Nacional de Inquilinos de Jorge Durand editado por la revista Estudios Sociológicos de El Colegio de México.

México vivía una problemática de vivienda desde el porfiriato y posteriormente durante la Revolución. Un censo de 1910 citado por el artículo de El Colegio de México reveló que la mitad de las habitaciones registradas entraban en la categoría de chozas, normalmente de una sola pieza.

Además, no hubo la suficiente inversión en la construcción de viviendas, por lo que de 1910 a 1920 muchas personas tuvieron que mudarse a ciudades buscando mayor seguridad. Esto incrementó la demanda de viviendas y quejas de inquilinos por el aumento de los alquileres.

En los puertos de Tampico y Veracruz la situación era crítica, pues la población no tenía acceso a viviendas accesibles y la renta iba en constante aumento, por lo que los inquilinos comenzaron a protestar.

En 1915, el gobernador de Veracruz, Cándido Aguilar, tuvo que limitar los aumentos de las rentas al 10%. Un año después, Venustiano Carranza desde Querétaro pidió un decreto para reducir los aumentos por considerarlos excesivos.

“En enero de 1916, el ministro de Justicia, Roque Estrada, emitió otra disposición favorable a los inquilinos del Distrito Federal, pero que resultó tardía: en esas fechas los capitalinos no propietarios de vivienda ya se habían organizado en sindicato”, menciona el artículo de Durand.

En la Navidad de 1916 se formó el Sindicato de Inquilinos del Puerto de Veracruz, que demandaba al gobierno soluciones ante los aumentos en el alquiler de las viviendas y un par de años después se celebró el primer congreso de la Central General de Trabajadores (CGT) que tuvo una tendencia anarquista.

En el congreso participó Herón Proal, quien se convertiría en el máximo dirigente de la lucha de los inquilinos jarochos.

El tema parecía preocupar a todo el mundo, en la Cámara de Diputados se propuso que los propietarios no pudieran cobrar más del 10% anual del valor de sus propiedades y el Secretario de Gobernación exhortaba a la resolución de la problemática, pues podría volverse caótica.

A finales de diciembre de 1921, el Partido Comunista decidió retomar la propuesta de los anarquistas y organizar a los inquilinos, todavía sin un plan en concreto, el dos de enero de 1922 el dirigente anarquista argentino, Jenaro Laurito, exhortó al pueblo tapatío en un mercado de la ciudad a que no se pagaran las rentas.

Un mes después, las prostitutas del puerto se unieron a las protestas, pues los precios de los cuartos de alquiler eran exagerados. Días después, comandados por Herón Proal, se constituyó formalmente el Sindicato Revolucionario de Inquilinos.

Las juventudes comunistas organizaron el sindicato de inquilinos en el entonces Distrito Federal y el 17 de marzo de 1922 estalló la huelga inquilinaria en la ciudad de México. El movimiento se extendería por todo el país.

Ciudades como Minatitlán, Villahermosa y Mérida se unieron a la huelga, además de numerosos pueblos y ciudades de Veracruz como Jalapa, Nogales, Soledades de Doblado y Tuxpan. Puebla también se llenó de manifestantes, al igual que Celaya, Guanajuato, donde las vecindades pedían apoyo y asesoría de las organizaciones de la capital del país.

“La huelga pasó de la capital tapatía a pueblos pequeños como Ocotlán, Jalisco y se prolongó hacia el norte, hasta las ciudades de Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, para luego marchar hasta el norte, aún hasta Ciudad Juárez y Monterrey”, menciona Durand.

Aunque las causas no eran exactamente las mismas en todos los estados, se trató de una huelga de carácter nacional con un origen común: la decisión política tomada por los congresos anarquistas y comunistas de organizar sindicatos de inquilinos en todo el país y convocar a una huelga.

En la Ciudad de México y Veracruz fueron determinantes los índices de crecimiento demográfico. En este último el enfrentamiento se dirigió hacia muchos propietarios extranjeros.

Además, el conflicto se situó en un contexto político específico. Mientras que la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la organización sindical apoyada por el gobierno, tenía control sobre la mayoría de los trabajadores, los anarquistas y comunistas buscaban impulsar y liderar sindicatos de inquilinos, abriendo un nuevo espacio en las demandas urbanas, un campo poco explorado.

“Las organizaciones de izquierda escogieron tan bien el momento y la situación que muy pronto se vieron desbordadas por la efusión y la participación populares”, relata Durand. En cuestión de meses el movimiento había crecido mucho más que cualquier organización política de la época.

Se cuenta que en Veracruz participó más de la mitad de la población, en ese entonces, un aproximado de 30 mil personas, mientras que en la Ciudad de México había manifestaciones multitudinarias a las que concurrían entre 10 mil y 15 mil personas. La falta de unidad y la centralización del movimiento y contextos de diferentes estados hizo que la protesta se fragmentara y cada una tomara su propio rumbo.

El gobierno también tuvo un papel crucial. En Veracruz, las autoridades locales intentaron controlar el movimiento de los inquilinos creando un sindicato único y mediando entre las partes. Cuando esto falló, hicieron concesiones, como la ley favorable a los inquilinos.

Aunque en otros estados también se intentaron soluciones similares, la falta de un enfoque centralizado hizo que las respuestas fueran muy variadas.

El movimiento perdió fuerza cuando el gobierno central, bajo la administración de Plutarco Elías Calles, comenzó a cooptar a los líderes inquilinos y limitar el apoyo de los gobiernos locales. El movimiento de los inquilinos fue finalmente absorbido por las organizaciones oficialistas y perdió su capacidad de movilización.

Aunque no tuvo un éxito total, sí logró algunos avances importantes. Muchos estados legislaron en favor de los inquilinos y el gobierno comenzó a otorgar terrenos para la construcción de viviendas populares.

Este cambio sentó las bases para futuras políticas de vivienda en México y dejó un legado duradero en la forma en que se abordarían los problemas urbanos en las décadas siguientes.