AMLO exonera al Ejército por caso de los 43 de Ayotzinapa; menciona a García Luna, Fox y periodistas críticos

Casi seis años después de una promesa de campaña y casi una década de no poderse esclarecer un hecho que consternó a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece los últimos informes realizados por él sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa, “sin novedades” sobre lo que pudo haber ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

El primero de los tres últimos reportes que el presidente López Obrador planteó dar a los padres de familia de los 43 de Ayotzinapa, fue revelado por La Jornada. El informe plantea 21 puntos, que en orden cronológico comparte como opositores a su gobierno, organizaciones de derechos humanos y periodistas supuestamente impulsaron la versión de que fue el Ejército mexicano fue el responsable de la desaparición de los elementos.

Conforme el mandatario federal vuelve a tejer una nueva hipótesis de lo ocurrido y el involucramiento de sus críticos, defiende a la institución castrense al asegurar que los señalamientos en su contra “sin pruebas”, le producen desconfianza, y que a su parecer se trata de una venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar al Ejército mexicano.

“El señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano”, se lee en el texto publicado por La Jornada sobre el primer informe de los Padres de los 43 de Ayotzinapa.

En esta misma línea, López Obrador desmiente los reclamos de los padres de los 43 de Ayotzinapa y las organizaciones de los derechos humanos, quienes han denunciado públicamente que la Secretaría de la Defensa Nacional se han negado a entregar información o documentos.

El mandatario sostiene que “nunca se les ha negado, porque el general secretario de la Defensa Nacional tiene orden del Presidente, en su carácter de comandante supremo de las fuerzas armadas, de entregar toda la información requerida”.

En su hipótesis, el mandatario federal menciona a Lía Limón, que en ese entonces era subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Mario Patrón Sánchez, del Centro Agustín Pro Juárez, y Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a quienes descalifica por ser candidatos de bloque opositor, su “disfraz de defensor de derechos humanos” y “adversario que siempre se ha opuesto a la transformación del país”.

Tal como adelantó el pasado 3 de julio Vidulfo Rosales, después de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “no hubo información sustantiva, no hubo novedades”.

En el documento, el mandatario federal hace una recapitulación de los hechos que ya se conocen y que fueron celebrados como logros de su gobierno como un avance para desmentir la conocida Verdad Histórica, desde la supuesta participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, los testimonio obtenidos por Guerreros Unidos bajo tortura, el papel de Jesús Murillo Karam como maquilador de la verdad histórica y el juicio que enfrentan 20 militares, incluidos dos generales y dos oficiales de rango medio, que en su mayoría han logrado enfrentar su proceso en libertad.

Asimismo, su hipótesis se remonta hasta el gobierno del expresidente Vicente Fox y más recientemente Felipe Calderón, derivado a su estrategia de seguridad que desencadenó una ‘guerra’ entre las fuerzas armada y el crimen organizado que tenía el objetivo de revertir el avance de los cárteles y su dominio en país que fracasó por los índices de violencia durante el 2006 al 2012.

El titular del Ejecutivo Federal señala que en aquel sexenio agencias de Estados Unidos operaban y dirigían operaciones sin restricciones y con el consentimiento de las autoridades nacionales para combatir al narcotráfico.

En este mismo apartado aprovecha para mencionar a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Calderón, sus supuestos vínculos con el crimen organizado, y los detalles de cómo fue escalando como un agente en el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), que lo involucrarían la liberación de un segundo tirador del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato de PRI el 23 de marzo de 1994.

“Muchos no saben que Genaro García Luna ingresó al Cisen desde el inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que llegó a ser subdirector operativo de esa misteriosa institución; que en el desempeño de ese cargo, viajó a Tijuana y dejó en libertad a un agente de ese centro de espionaje, acusado de haber sido el segundo tirador en el asesinato, el día 23 de marzo de 1994, de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de la República”, se lee en el informe de López Obrador, información contantemente difundida desde su conferencia matutina.