Cuáles son los estados en los que se reconoce el delito de transfeminicidio en México

Luego de la lucha realizada por parte de la activista Kenya Cuevas y personas de la comunidad LGBT+, este 18 de julio fue aprobada la Ley Paola Buenrostro por parte del Congreso de la Ciudad de México, con lo que se tipificará el delito de transfeminicidio y se sancionará con 35 a 70 años de prisión a quienes cometan este crimen.

Dicha ley fue nombrada como Paola Buenrostro, reconocida por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) como la primera víctima de transfeminicidio, quien fue asesinada en 2016 mientras ejercía el trabajo sexual en calles de la capital.

En México no existen estadísticas oficiales sobre la incidencia y las características de los transfeminicidios, sin embargo, la Sociedad Civil ha realizado un exhaustivo trabajo para visibilizar este delito al recurrir a fuentes abiertas para conocer la incidencia y las particularidades de estos crímenes.

Derivado de dichos trabajos, se ha podido determinar que hasta el mes de junio de 2024 han sido asesinadas 8 mujeres trans en la Ciudad de México, quienes en su mayoría ejercían el trabajo sexual o vivían en condiciones de precariedad. La Asamblea Nacional Trans No Binarie registró hasta el mismo mes un total de 28 transfeminicidios en el país.

El crimen de transfeminicidio no forma parte de los códigos penales de los 32 estados del país, así como del federal, por lo que en marzo de este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al poder legislativo de todos los estados para considerar la identidad de género como un agravante del feminicidio. De la misma manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las mujeres trans asesinadas deberían ser consideradas víctimas de feminicidio.

Sin embargo, con la aprobación de la Ley Paola Buenrostro, la Ciudad de México se convierte en la segunda entidad del país que cuenta con la tipificación del delito de transfeminicidio.

Nayarit fue la primera entidad del país en aprobar la Ley Paola Buenrostro, iniciativa que tipifica el delito de transfeminicidio y que busca garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia transmisógina.

La aprobación de la iniciativa se realizó el pasado mes de marzo de 2024 como resultado del trabajo en conjunto de la activista trans, Kenia Cuevas, y del coordinador en Nayarit de la Casa de las Muñecas Tiresias A.C, Alfredo Ramírez.

Este delito implica el asesinato de una mujer trans por motivos de odio o por du identidad de género. La reforma modificó el artículo 361 Bis para establecer este crimen con una pena máxima de 60 años de cárcel.

Por su parte, la Ciudad de México se convirtió en la segunda entidad del país que tipifica el delito de transfeminicidio. La aprobación de la Ley Paola Buenrostro se realizó este 18 de julio por parte del Congreso de la Ciudad de México, en la que con 47 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones, esta iniciativa será enviada al jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, para que sea promulgada y publicada en la Gaceta Oficial.

Con esta reforma se aplicará una sanción de 35 a 70 años de prisión a quien asesine a una mujer trans por su identidad de género.

El proyecto de ley busca incorporar el término transfeminicidio en el artículo 69, con el fin de establecer que aquellos que cometan este delito lo hacen por razones de identidad de género o expresión de una mujer trans.

Las personas que cometan un transfeminicidio podrán ser acreedoras a penas en prisión de 35 a 70 años.

Además, la ley establece sanciones para los funcionarios públicos que obstaculicen maliciosamente o por negligencia la procuración de justicia, quienes podrían enfrentar penas de prisión de 3 a 8 años, además de multas de 500 a mil 500 días y su destitución.

En cuanto a las investigaciones, la ley demanda que los funcionarios no revictimicen a las personas, aplicando estrictamente el protocolo de atención a la comunidad LGBT+, evitando prejuicios y estereotipos de género.

Otro aspecto importante de la reforma es el reconocimiento de la familia social. Se incluye la posibilidad de que amigos o compañeros de trabajo de la víctima puedan solicitar el acta de defunción y recibir el cadáver en caso de que no sea reclamado por familiares sanguíneos.