![La casa y la zona de playa en la que se quiere extender / (Grupo de Facebook 'Ventas Chele')](https://www.infobae.com/new-resizer/jK0gP3un11BoD9TAMAvrFEWOvH0=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/HPCNXFUYZBDFVBRITXT5KPLWHQ.jpg 420w)
En la comunidad costera de Chelem, Yucatán, una controversia ha surgido debido a acusaciones contra una mujer extranjera que intenta ampliar su propiedad hacia la zona de playa, acción que varios vecinos consideran ilegal. La denuncia se hizo pública a través de la cuenta de Facebook Marea Roja y ha sido difundida por medios locales como Oilo Yucatán y Yucatán al minuto.
Según el reporte inicial, el internauta detrás de Marea Roja compartió un video donde mostraba trabajadores cercando un área rectangular con palos en la playa frente a una casa. Al ser increpados, una mujer de nacionalidad canadiense presente indicó que estaba supervisando la ampliación, mostrando documentos que supuestamente avalan la legalidad del proyecto.
Uno de los documentos mencionados en el video es un permiso de trámite en concesión de zona federal, mientras que el otro es una carta de congruencia de uso de suelo. A pesar de esto, la comunidad local y usuarios de redes sociales expresaron indignación, argumentando que cualquier intervención en zona federal debe contar con estricta supervisión y aprobación legal.
El caso se ha vuelto viral en Facebook, donde usuarios han etiquetado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y al Ayuntamiento de Progreso para que tomen cartas en el asunto. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido declaración oficial al respecto.
La situación ha provocado debates sobre la protección de las zonas federales y el acceso libre a las playas en México, un derecho garantizado por la reforma a la Ley General de Bienes Nacionales aprobada en 2020. Esta legislación establece sanciones económicas severas para quienes obstaculicen el acceso público a las playas, con multas que pueden llegar hasta el millón de pesos.
Ante la falta de respuesta oficial, la comunidad y los activistas ambientales continúan vigilando el desarrollo del caso en Chelem, esperando que se respeten las leyes y se preserve el acceso público a las playas mexicanas, un patrimonio natural de todos los ciudadanos.