Esta es la estrategia que podría disminuir delitos de grupos criminales en México, según Edgardo Buscaglia

El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador superó en junio los 190 mil homicidios dolosos, estableciendo un nuevo récord histórico de violencia en el país, de acuerdo con cifras oficiales.

Desde diciembre de 2018, fecha en la que asumió el cargo el titular del Ejecutivo, hasta el 17 de junio del presente año, la administración de López Obrador registró un total de 190 mil 098 víctimas de homicidio doloso, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En promedio, 93.8 personas han sido asesinadas diariamente durante el sexenio, siendo los estados de Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Morelos los más afectados, en números absolutos.

La cifra de homicidios dolosos registrada hasta ahora en el mandato de López Obrador representa un aumento del 21.8% en comparación con los 156 mil 066 contabilizados durante la administración del priista Enrique Peña Nieto, y un incremento del 57.8% respecto a los 120 mil 463 asesinatos ocurridos en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Especialistas en seguridad señalan que la situación de la violencia en México implica una serie de retos significativos para el gobierno, en un contexto donde se requiere una estrategia eficaz para combatir el crimen organizado y proteger a las mujeres de la violencia de género.

Además de las cifras mencionadas, los cárteles del narcotráfico han diversificado sus delitos ilegales, al tiempo que el nivel de violencia que ejercen es cada vez mayor. Para combatir este gran problema se tienen que aplicar varias medidas, entre ellas, cooperación internacional, un pacto de Estado y sociedad civil, así como leyes anti-mafias que el actual gobierno de López Obrador no ha aplicado, de acuerdo con Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos.

En entrevista con Infobae México, el también director del International Law and Economic Development Center señaló que en nuestro país sólo se aplican dos, y mal ejecutadas, de las 45 medidas que indica la Ley Internacional de la ONU contra la Delincuencia Organizada.

“En los países donde las instituciones anti-mafia no funcionan son los países en donde la delincuencia organizada aplica más violencia, comete más crímenes de lesa humanidad, o sea, desapariciones forzadas, compra y venta de seres humanos, esclavitud”, explicó el investigador afirmando que México es uno de estos casos.

“Debido a que no se aplica la mayoría de las 45 acciones anti-mafia, eso hace que la delincuencia organizada se comporte mucho más violenta que en otros países”, destacó.

Apuntó que a pesar de que la delincuencia organizada existe en todas las regiones del mundo, se comporta de acuerdo a la fortaleza de las “instituciones anti-mafia”.

“La delincuencia organizada se comporta de manera más silenciosa y comete delitos de menor gravedad. Yo prefiero una delincuencia organizada que contrabandea automóviles y cigarrillos a una que desaparece a cientos de miles de personas y asesina a cientos de miles”, afirmó.

“Ni la actual presidenta electa (Claudia Sheinbaum), ni el presidente (AMLO) ni los presidentes previos, por un pacto político de impunidad mafiosa, han tenido las agallas como para implementar estas 45 acciones anti-mafia que obviamente les cortarían el flujo de dinero sucio a las campañas políticas”, abundó.

El investigador de la Universidad de Columbia insistió que de aplicarse estas medidas se cortaría “la discrecionalidad que hoy tienen las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales. Establecería auditorías del desempeño de dichas instituciones, cosa que México no tiene. Haría más difícil que la delincuencia organizada busque protección en el Estado para expandir sus negocios”.

En este sentido, el académico explicó que las auditorías ciudadanas a los tres diferentes Poderes en México podrían ser una opción que ayude a controlar disminuir la frecuencia y la gravedad de delitos organizados.

“México no aplica auditorías de campaña preelectoral y electoral. México no aplica la mayor cantidad de medidas que han hecho que muchos países logren disminuir la frecuencia y la gravedad de delitos organizados”, explicó a esta casa editorial. Mencionó que las medidas anti-mafia “ponen un freno a la barra libre en la cual se ha beneficiado la delincuencia organizada mexicana en los últimos 20 años”.

Buscaglia señaló que la permisividad que tienen los grupos delictivos le ha costado al país 500 mil vidas y le va a seguir costando cientos de miles de desapariciones. “Le va a costar muchos Ayotzinapa”, reflexionó.

Dentro de estas propuestas que tiene el académico también está la de hacer “auditorías ciudadanas”, donde cualquier institución esté obligada, por ley, a dejar que una red ciudadana audite las contrataciones públicas, los financiamientos de campaña y la ejecución de presupuestos.

“Las auditorías ciudadanas son un instrumento de la Ley Internacional de la ONU contra la Delincuencia Organizada, Artículo 31, cosa que México obviamente no tiene y el ciudadano mexicano no tiene atribución legal de auditar al Estado”, destacó el especialista.

“La auditoría ciudadana debería ser el pan y el agua; es oro en polvo para la izquierda de Lula en Brasil. En México van contra la corriente por cobardía política, no se aplican esas auditorías ciudadanas. Esas auditorías en Brasil explican por qué el caso Odebrecht derivó en la acusación penal contra una gran proporción de la clase política brasileña, de izquierda o de derecha”.

“México no hace cosas no solamente por corrupción de sus políticos, sino por cobardía de sus políticos. Y hasta ahora Claudia Sheinbaum, como López Obrador, han resultado ser dos políticos que se autodenominan de izquierda, pero que son cobardes. No aplican las medidas que todo gobierno de izquierda genuino como el de Pepe Mujica, como el de Lula, han aplicado en sus países. Ese es el desafío principal que tiene la presidenta: dejar de ser cobarde, no someterse a los intereses políticos, económicos para implementar medidas que las izquierdas genuinas de Latinoamérica han implementado con excelentes resultados. Anti-mafia. Eso es una propuesta y un desafío para México.”