Estos son los estados gobernados por Morena que podrían promover sus propias reformas al Poder Judicial

Mientras Morena se alista para aprobar en el Congreso de la Unión la propuesta de Reforma al Poder Judicial de la Federación para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos a través del voto popular, el gobierno de la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad federativa en proponer su propia modificación a la Constitución local.

Este martes 16 de julio el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, informó que presentó al Congreso local una Iniciativa de Reforma al Artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México para que la justicia social esté por encima de las formalidades “no esenciales” del proceso y evitar que personas peligrosas queden en libertad.

“Esta propuesta coloca los fines de la justicia por encima de las formalidades no esenciales del procedimiento para evitar, por ejemplo, que peligrosos generadores de violencia sean puestos en libertad”, señaló Batres Guadarrama.

En medio de la discusión nacional sobre la próxima reforma al Poder Judicial, con la cual se disolvería la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se reemplazaría a 1 mil 600 jueces federales, además de magistrados, algunos especialistas han señalado que los sistemas de justicia de los estados son los que atienden la mayor parte de los juicios de la población.

En ese sentido, Morena tiene la fuerza necesaria en 24 entidades federativas, con mayoría en sus respectivos Congresos, por lo que existe la posibilidad de que algunos gobernadores consideren seguir los pasos del presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum y proponer reformas en materia judicial.

El 2 de junio se llevaron la victoria Clara Brugada en la Ciudad de México; Joaquín Díaz Mena en Yucatán; Margarita González, Morelos; Alejandro Armenta, Puebla; Rocío Nahle, Veracruz; Eduardo Ramírez, Chiapas; Javier May, Tabasco.

A ellos se suman los gobiernos de Morena en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Además, San Luis Potosí pertenece a la alianza “Juantos Haremos Historia”, a través del Partido Verde.

Juan Alberto Ruvalcaba González, abogado de la Universidad de Guadalajara, sugirió a la LXVI Legislatura no desmantelar el Poder Judicial de la Federación y destacó la importancia de que la selección de magistrados y jueces se base en la carrera judicial en lugar de una elección popular.

Durante el segundo foro de los diálogos nacionales, Ruvalcaba González advirtió que una elección popular de jueces podría resultar en la intervención indirecta de los partidos políticos, lo que afectaría la imparcialidad del proceso. Indicó la necesidad de que las designaciones se hagan a través de concursos de oposición y exámenes complejos adecuados a las responsabilidades que conllevan.

En este contexto, Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, expresó inquietudes sobre la propuesta de elección popular directa de ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ruiz Moreno señaló que esto podría generar problemas de gobernabilidad y paralizar la toma de decisiones en el tribunal.

El académico resaltó la necesidad de definir claramente el perfil de elegibilidad para los candidatos a la Suprema Corte. Recalcó que los ministros deben tener conocimientos en diversas disciplinas jurídicas y estar preparados para abordar una amplia gama de temas legales. Además, subrayó la importancia de garantizar la transversalidad de género en las elecciones de magistrados para asegurar una representación equilibrada.

Ambos expertos insisten en que cualquier reforma en la selección de magistrados debe considerar tanto la eficiencia del órgano judicial como una representación adecuada de género. Según Ruiz Moreno, estos factores son esenciales para mantener la estabilidad y funcionalidad de la Suprema Corte.