![(Facebook/Concejo Indígena Y Popular De Guerrero Emiliano Zapata-Cipog-Ez)](https://www.infobae.com/new-resizer/cTOK6ohy0A0oVneh0WLPMRjv2ps=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/S7UQP5QYEFBBTMZULSJI34XEIA.jpg 420w)
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero ‘Emiliano Zapata’ (CIPOG-EZ) emitió un comunicado con carácter urgente en el que denunció una serie de amenazas en contra de dos de sus miembros que, aparentemente, habrían sido emitidas por el grupo criminal de Los Ardillos.
Francisco Vázquez Mendoza y Jesús Plácido Galindo —quien también funge como delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI)— recibieron múltiples llamadas telefónicas de un mismo número, en las que su interlocutor advirtió con “partirles la madre” y que “los tienen ubicados”.
Aunque se desconoce la identidad de la o las personas que estarían detrás de estas intimidaciones, el CIPOG-EZ señaló como posibles responsables a miembros de una célula alineada con Los Ardillos que en años anteriores ha orquestado múltiples ataques en el municipio de Chilapa de Álvarez.
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“El crimen organizado está por encima de cualquier institución y autoridad, e incluso, éstas mismas son la delincuencia y forman parte de los grupos narco-paramilitares que azotan a nuestro estado. Es por eso que nos queda claro que las llamadas vienen del grupo narco-paramilitar Los Ardillos que por muchos años han asesinado, torturado y aterrorizado a nuestras comunidades, valiéndose de la red de complicidad que han tejido con autoridades y policías municipales, estatales, con la Fiscalía y con el Gobierno del estado”, puede leerse en el pronunciamiento del CIPOG-EZ.
En esa misma línea, responsabilizaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la Fiscalía General del Estado (FGE) “de lo que pueda sucederle a algún compañero o compañera del CIPOG-EZ, pues a estas autoridades les hemos pedido ya por varios años que desarticulen a los grupos delincuenciales y lo único que hemos obtenido ha sido su silencio”
En mayo de 2024, pocos días antes de que se efectuaran las elecciones, el CIPOG-EZ denunció que autoridades de los tres niveles de gobierno habrían incumplido varios acuerdos relacionados con la vigilancia y la seguridad de las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero.
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Según uno de sus pronunciamientos, el 30 de abril de 2024 se firmó un documento con el que los gobiernos municipal y estatal se comprometieron a mantener una vigilancia constante en las comunidades de Nuevo Amanecer y Xochitempa. No obstante, los ataques armados en contra de dichas localidades se mantuvieron en los días posteriores.
Igualmente, las autoridades habrían anunciado la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional para evitar que miembros de Los Ardillos acecharan a la población y encabezarían operativos en San Jerónimo Palantla para detener a los presuntos atacantes. “Ni se instaló el cuartel, ni se detuvo a nuestros agresores”, denunció el Concejo.
Ante la aparente inacción de las fuerzas de seguridad, miembros de la Policía Comunitaria adscrita al CIPOG-EZ ingresaron a finales de abril a la comunidad de San Jerónimo, en donde fueron recibidos con ráfagas de balas de fusiles AR-15 y AK-47 que cobraron la vida de Pedro Vázquez Matías, originario de la comunidad de Zacapexco.