Reforma Judicial no resolverá la impunidad en el 99% de los delitos que se cometen en México, asegura MUCD

La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) aseguró que la reforma judicial que se pretende implementar no resolverá la impunidad en el 99% de los delitos que se cometen en México, por lo que complejiza y compromete el actuar de la impartición de justicia en nuestro país.

Según la organización, la propuesta de Reforma al Poder Judicial enviada el 5 de febrero a la Cámara de Diputados, en lugar de mejorar el funcionamiento del mismo poder podría comprometer su independencia, afectando los derechos de las víctimas y dificultando el acceso a la justicia.

Uno de los puntos más controvertidos es la promesa de eliminar la impunidad y garantizar justicia. Sin embargo, apunta la organización, las estadísticas indican que solo el 10% de los delitos son denunciados, y de los casos denunciados, apenas el 1% llega a ser presentado ante un juez. 

“La reforma no resolverá de ninguna manera la impunidad en el 99% de los delitos que se cometen en México”, se lee en el comunicado publicado el pasado 11 de julio.

México Unido Contra la Delincuencia refiere que este planteamiento refleja una desconexión entre las promesas de la reforma y la realidad del sistema judicial.

Además, señala, que la medida de elegir a nuevos jueces, podría retrasar y reiniciar juicios, afectando casos de delitos graves como trata de personas, desaparición forzada y corrupción.

Este retraso perjudicaría a las víctimas, quienes podrían tener que recomenzar sus procesos judiciales debido a la normativa que establece que el mismo juez debe llevar y resolver un juicio desde su inicio hasta su conclusión.

Agrega que la iniciativa también propone limitar la capacidad de la ciudadanía para defenderse mediante amparos contra leyes que violen los derechos humanos.

MUCD afirma que esta medida impactaría negativamente en la colectividad, ya que “una persona que logre ganar un amparo no podrá beneficiar a otros”.

Asegura que la prohibición de suspensiones con efectos generales se extiende a controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, reduciendo aún más las posibilidades de defensa legal colectiva.

Otro aspecto preocupante es la eliminación del requisito de la experiencia y preparación especializada para jueces, magistrados y ministros, dando prioridad a la elección popular.

Esto podría derivar en que “importe más el carisma o la popularidad política que la capacidad técnica”, advierte el documento. La falta de criterios claros y la discrecionalidad en las sanciones por parte del nuevo Tribunal Disciplinario del Poder Judicial también generan incertidumbre y podrían permitir interpretaciones vagas que afecten la imparcialidad de los fallos.

La organización la reforma propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9 y eliminar las dos salas actuales, centralizando todos los asuntos en el Pleno.

Esto podría causar un rezago y acumulación de casos no resueltos. “Para la Corte, la reforma significará menos casos resueltos”, asegura el texto.

En cuanto a la dirección y financiamiento de las campañas electorales para jueces, magistrados y ministros, la reforma prohíbe cualquier financiamiento público y privado, pero permite la ejecución de campañas sin fiscalización. Esto “abre la puerta a la corrupción”, plantea el análisis.

Además, la falta de exigencias claras para garantizar paridad de género y representación de poblaciones vulnerables podría revertir avances recientes en esta materia.

La segunda gran promesa de la reforma es eliminar la corrupción y reducir el gasto público en el Poder Judicial. No obstante, refire, la elección popular de jueces no garantiza una disminución de la corrupción.

La organización de nuevas elecciones implicará un gasto considerable para el Estado mexicano y será un proceso titánico para los órganos electorales, según el análisis. Seleccionar de 9,972 a 10,512 funcionarios implicará altos costos, cuestionando la promesa de ahorro.

Finalmente, la falta de atención a problemas estructurales como la sobrecarga de trabajo en juzgados, la insuficiencia presupuestal, la falta de infraestructura, y personal altamente calificado, así como la falta de transparencia y sanciones para combatir la corrupción, “golpea la dignidad de miles de personas que buscan justicia”.