Hace unos días, un Juez federal concedió una suspensión provisional a un grupo de vecinos, encabezados por la activista y próxima legisladora federal, Laura Ballesteros Mancilla, e integrantes del Movimiento Chilango como Luis Manuel León, Rodrigo Cordera y Úrsula Martínez, para solicitar información puntual y detallada sobre la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez.

Lo anterior, luego de que en mayo, el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local decidieron clasificar la información sobre el particular por un periodo de tres a cinco años, por lo que los vecinos encabezados por Ballesteros Mancilla interpusieron un amparo que obliga a las autoridades capitalinas a entregarla y saber qué contaminó el vital líquido, afectando a más de 100 mil familias.

El documento interpuesto por los representantes vecinales reclama:

1.- Gestión adecuada y calidad del agua. Omisión en la gestión integral de recursos hídricos, falta de suministro de agua potable suficiente y salubre, no declarar la emergencia correspondiente por la contaminación de agua y no aplicar políticas ambientales efectivas.

2.- Salud Pública. Nulo control de los efectos nocivos de la contaminación del agua; la inexistente vigilancia de las normas de calidad del agua y no garantizar el derecho al medio ambiente sano.

3.- Transparencia y Acceso a la Información. No proporcionar información veraz y oportuna sobre la calidad del agua; no transparentar los estudios y resultados sobre contaminantes; no emitir decretos o medidas extraordinarias ante la emergencia, así como las acciones y políticas para no repetición del hecho.

Por lo anterior, Movimiento Ciudadano Ciudad de México exigió al gobierno capitalino no utilizar argucias legales para evadir su responsabilidad y evitar que las y los habitantes de la alcaldía Benito Juárez, así como de la CDMX, tengan acceso a información fidedigna al respecto, toda vez que se puso en riesgo la vida de miles por consumir agua contaminada.

Será el Tribunal Colegiado quien decida dar salida a la queja del jefe de gobierno, Martí Batres, o confirmar la resolución del juez de amparo, en favor del derecho a la salud, al agua de calidad y de transparencia.

MC exhortó al Poder Judicial federal respaldar a la ciudadanía ya que su inacción ha permitido que la contaminación del agua en esta alcaldía continúe afectando la salud y el medio ambiente sano de las y los vecinos por una situación que se detectó desde el mes de abril.