Legisladores de los partidos PAN, PRI y PRD presentaron este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a las leyes de Amparo y de Amnistía, las cuales entraron en vigor a finales de abril.
Rubén Moreira, coordinador del tricolor, señaló que “las bancada de PRI, PAN, PRD en la Cámara de Diputados presentamos acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas en materia de amparo y amnistía. Tenemos que detener la destrucción de las libertades y la democracia”.
Ambas reformas fueron aprobadas en “fast track” por Morena y sus aliados, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, ampliando el poder del presidente de la República, quien a partir de ahora tiene la facultad de otorgar la amnistía a quien considere pertinente.
Las bancada de #PRI, #PAN y #PRD en @Mx_Diputados presentamos acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas en materia de amparo y amnistía. Tenemos que detener la destrucción de las libertades y la democracia #mexicana. pic.twitter.com/MJAfkLbkeb
— Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) July 10, 2024
Luego de la publicación de las reformas a las leyes de Amparo y de Amnistía en el diario Oficial de la Federación (DOF), los diputados de la oposición presentaron las acciones de inconstitucionalidad, argumentando que las modificaciones afectan negativamente el régimen de libertades, equilibrios y controles al poder en México.
En qué consiste la nueva Ley de Amparo
La reforma a la Ley de Amparo, aprobada por la mayoría oficialista, limita la capacidad de los jueces para suspender actos de las autoridades en ciertos contextos, incluso cuando estos actos perjudiquen el interés social.
Según los diputados, esto debilita al amparo como herramienta de defensa de los derechos ciudadanos. Indicaron que “si no se previene que se materialice el daño a los derechos de las personas, el juicio de amparo deja de ser un medio efectivo de protección”.
Además, la reforma impide a los jueces suspender la aplicación de normas generales como leyes, decretos y reglamentos cuando éstos vulneren los derechos humanos de la ciudadanía. Esto, según los legisladores de oposición, otorga más poder al gobierno a costa de los medios de protección ciudadana.
“La intención es clara, dar más poder al gobierno y quitarle a la ciudadanía los medios para protegerse frente al atropello de sus derechos”, añadieron.
Las modificaciones implican también una mayor dificultad de acceso a la justicia para las personas con menos recursos. Anteriormente, la ley garantizaba que cualquier suspensión que afectara los derechos de los ciudadanos era aplicable a todos.
Con la nueva reforma, aquellos afectados deberán contratar abogados especialistas cuyas tarifas suelen ser elevadas, lo cual restringe aún más el acceso a la justicia para quienes menos tienen.
Qué facultades gana el Ejecutivo federal con la Ley de Amnistía
En cuanto a la Ley de Amnistía, los legisladores advirtieron que la medida viola el derecho de acceso a la justicia y la reparación de las víctimas.
Para los legisladores opositores, los cambios impiden que los tribunales emitan sentencias en favor de las víctimas de delito, generando un ambiente de impunidad y negando a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos su derecho a la verdad, justicia y reparación.
“Exigimos que se respeten los derechos de las víctimas, que se esclarezcan los hechos, que se fortalezca el estado de derecho y que se combata eficazmente la impunidad en nuestro país mediante justicia efectiva, y no selectiva”, subrayaron los diputados.
Una preocupación adicional es la manera en que la reforma a la Ley de Amnistía puede ser utilizada como herramienta de persecución política, ya que uno de los requisitos para acceder a la amnistía es señalar elementos que incriminen a una tercera persona. Esto podría incentivar actos de represalia política, incluyendo declaraciones falsas.
Los legisladores destacaron también que esta reforma a la Ley de Amnistía vulnera las facultades exclusivas del Congreso, otorgando al Ejecutivo una prerrogativa reservada para el Poder Legislativo en la Constitución. “La amnistía no es igual al indulto y está señalada claramente como una facultad exclusiva del Congreso de la Unión”, recalcaron.