Liberan a general acusado por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

Esta tarde se cumplimentó la orden de un jueza federal para dejar en libertad al general José Rodríguez Pérez, quien enfrenta un proceso en su contra por el delito de delincuencia organizada vinculada al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

La orden de su liberación fue emitida desde el pasado sábado por Raquel Duarte Cedillo, jueza segunda de distrito en materia penal con sede en Toluca, Estado de México, quien consideró que Rodríguez Pérez no representa riesgo alguno de fuga, por lo que se le otorgó el beneficio de cambiarle su medida cautelar de prisión preventiva a libertad condicional.

De acuerdo con información del periodista Gustavo Castillo, publicada en La Jornada, el general brigadier en retiro abandonó la prisión del Campo Militar Número 1 (Campo Marte) en punto de las 17:30 horas de este martes, después de cumplir con el pago de una garantía económica de 50 mil pesos.

Conviene recordar que los cargos contra el general que se desempeñó como comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, durante la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, se centran en el presunto nexo que tenía con el grupo criminal Guerreros Unidos, por lo que se le acusa de delincuencia organizada y desaparición forzada.

La investigación realizada por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa apunta a que el general José Rodríguez Pérez habría ordenado el asesinato de al menos seis de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Parte fundamental para la detención del general fue el testigo de Gilderto López Astudillo, uno de los líderes de Guerreros Unidos que se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) y señaló a un puñado de militares como cómplices en la desaparición de los normalistas.

De acuerdo con información de Milenio, López Astudillo fue detenido en 2015 y liberado en 2019 por la tortura que sufrió durante su detención por agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR); aunque los familiares de los normalistas de Ayotzinapa han pedido que se le vuelva a detener, el apodado ‘Cabo Gil’ tramitó un amparo para frenar cualquier orden de aprehensión en su contra.

En mayo pasado la jueza Raquel Duarte Cedillo ordenó la libertad provisional de ocho militares señalado como presuntos responsables en el Caso Ayotzinapa, a quienes les impuso una multa de 100 mil pesos como garantía y la obligación de presentarse los días 1 y 16 de cada mes como garantía para que no se fugarán; también entregaron sus pasaportes y se les obligó a no salir del país o acercarse a víctimas y testigos. Son las mismas medidas que otorgó al general José Rodríguez Pérez.

A ellos se sumó la liberación, en junio pasado, del sargento Santiago Muñoz Pilo; mientras que el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, aún están en una prisión milita.

Los argumentos de la defensa para exigir la liberación de los militares señalados en el Cayo Ayotzinapa se basa en las supuestas 467 “pruebas falsas” que presentó la Comisión para la Verdad cuando era dirigida por Alejandro Encinas.

Previo a la liberación del general Hernández Pérez, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto y volvió a lanzarse en contra del Poder Judicial por aplicar un “sabadazo” y dar a conocer la resolución de la jueza a primeras horas del fin de semana, después de una audiencia celebrada un viernes por la noche, por lo que enfatizó en la necesidad de una reforma al Poder Judicial.