Durante la noche del 8 de julio, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, confirmó el asesinato de Minerva Pérez Castro, quien se desempeñaba como presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAINPESCA) en la entidad.
Según los reportes disponibles, el crimen ocurrió a las afueras de la empresa Atenea del Mar, en las inmediaciones del ejido El Sauzal, en Ensenada. Alrededor de las siete de la noche, los agresores interceptaron a Pérez Castro luego de que ella abordó su camioneta.
Las autoridades policiacas confirmaron que el cuerpo de la víctima presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Minerva Pérez falleció a bordo de su vehículo y, a causa del ataque, perdió el control del mismo y se impactó contra un tráiler.
“He instruido al Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, General Leopoldo Tizoc Aguilar, para que colabore estrechamente con la Fiscalía General del Estado (FGE) durante las investigaciones pertinentes”, comunicó Marina del Pilar por medio de sus redes sociales.
En el mismo mensaje, la mandataria estatal externó sus condolencias para la familia y seres cercanos a Minerva Pérez, quien fue la primera mujer en asumir la presidencia delegacional de la CANAINPESCA en Baja California. “Estoy comprometida a trabajar incansablemente para que lo sucedido no quede impune. A los ensenadenses les reitero mi compromiso y el de mis colaboradores para hacer de nuestro estado uno con seguridad y paz”, expuso la gobernadora.
Julio Berdegué Sacristán, designado por Claudia Sheinbaum como el próximo titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), condenó el asesinato de Pérez Castro e hizo un llamado a erradicar la pesca ilegal en el país, un tema que la presidenta de la CANAINPESCA abordó en una entrevista horas antes de su muerte.
En un encuentro con los medios, difundido por La Jornada, Minerva Pérez denunció que “la pesca ilegal llega al mismo mercado al que llega el producto legal pero sin todos los costos de producción relacionados con una empresa legalmente constituida”.
Uno de los aspectos que han hecho evidentes estas prácticas, según su declaración, es el uso de redes de pesca que no cumplen con las dimensiones establecidas por la normativa. En este sentido, reconoció que no ha sido posible realizar una estimación de las pérdidas económicas que ha dejado la pesca ilegal en la región.
“Siendo una cifra negra no hay manera de cuantificar [la pérdida económica], el efecto se ve a largo plazo. Hasta ahorita que yo sepa no hay [detenidos], denuncias hay, cuántas no sé, toda esa información la tiene la autoridad”, precisó Pérez Castro.