
Ya se cumplieron 23 años desde la primera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, la misma que le permitió liderar y convertir -junto a Ismael El Mayo Zambada- al Cártel de Sinaloa en la organización criminal más grande de México; esto con la ayuda de algunos funcionarios corruptos bajo la administración de los dos expresidentes emanados de las filas de Acción Nacional (PAN).
A pesar de que El Chapo Guzmán fue recapturado el 22 de febrero de 2014 y de los constantes peticiones para que fuera extraditado a Estados Unidos, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto lo mantuvo en una cárcel de ‘máxima seguridad’, de donde se volvió a fugar el 11 de julio de 2015.
Es en esta fuga cuando para el investigador, abogado y economista, Edgardo Buscaglia, se formó un pacto de impunidad político-criminal que impidió excavar en la corrupción que impera en el gobierno mexicano y la clase política nacional.
Las palabras de Buscaglia fueron recogidas por el periodista Ricardo Ravelo en su libro En Manos del narco. El académico señaló que de haberse cumplimentado la extradición de El Chapo Guzmán se hubiera abierto un “juicio internacional contra él y buena parte del sistema político mexicano. Un juicio (en 2014, incluso en 2001) habría puesto fin a este pacto de impunidad que mantiene blindados al presidente (Peña Nieto) y a gran parte de la clase política.

¿Por qué no extraditaron a El Chapo Guzmán?
“En ese país (México) hay corrupción, y aquí se le trasladaría a una prisión supervisada con fuertes medidas de seguridad, en la que no podrá escapar”. Estas son las palabras que congresista estadounidense Michael McCaul y fueron pronunciadas un día después de la segunda captura de Guzmán Loera.
Para ese entonces El Chapo Guzmán ya era considerado como el narcotraficante más poderoso y buscado del mundo -en Chicago lo consideraban el enemigo público número uno-; sin embargo, la decisión de no extraditarlo le permitió a él y a la clase política que logró corromper estar tranquilos y no preocuparse de un ‘maxiproceso’ como los ocurridos en Italia y Colombia.
El doctor Buscaglia señaló como una posibilidad que a El Chapo Guzmán se le haya prometido (en 2014) el mismo pacto que a su contraparte colombiano Pablo Escobar: “que no se le iba a extraditar”, lo que le permitiría mantener sus operaciones financieras intactas, algo que no habría ocurrido al enfrentar la justicia en Estados Unidos.

¿Quién se benefició con la no extradición de El Chapo Guzmán?
De manera sorpresiva, tras la segunda fuga de El Chapo Guzmán -escapó por un túnel que sus colaboradores construyeron debajo de una cárcel de ‘máxima seguridad-, fueron pocos los funcionarios señalados, acusados y castigados por permitir que el narco más importante se volviera escapar.
Cabe hacerse varias preguntas respecto al caso: ¿Si el Chapo Guzmán hubiera sido extraditado a Estados Unidos, desde su primera detención, se habrían descubierto antes sus nexos con la clase política? ¿Casos como los de Genaro García Luna y Édgar Veytia se habrían agilizado o no se hubieran presentado?, ¿Se habría detenido a otros funcionarios que ayudaron a la creación y consolidación del Cártel de Sinaloa? ¿No se hubiera dado la ‘narcoguerra nacional desatada por el control de las plazas?,
Quizá el sistema de justicia de Estados Unidos -con sus acuerdos de colaboración y testigos protegidos- hubieran hecho hablar a El Chapo Guzmán; sin embargo, frenar su extradición también sirvió al pacto político-criminal en el que “son los propios criminales los que deciden cuándo y cómo salir de prisión”, destaca Edgardo Buscaglia.
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