De cuántos millones es la deuda de Elba Esther Gordillo con el SAT

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) ratificó este miércoles un crédito fiscal de 21.2 millones de pesos impuesto a Elba Esther Gordillo por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La resolución, unánime, se basó en ingresos no declarados por Gordillo correspondientes a los años fiscales de 2008 y 2009, según informó el tribunal.

El SAT estableció que ciertos depósitos y pagos de tarjetas de crédito realizados durante la gestión de Gordillo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) debían ser considerados ingresos acumulables para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR). En la audiencia pública, el Magistrado Carlos Chaurand indicó que Gordillo no logró demostrar que dichos ingresos eran gastos de representación del SNTE.

Gordillo ha defendido que los pagos con tarjeta, muchos de ellos realizados en tiendas de lujo en Estados Unidos, eran en su totalidad gastos de representación en su calidad de presidenta del SNTE. La ex lideresa tiene la opción de impugnar la decisión mediante un amparo ante un tribunal colegiado. Si este recurso no prospera, deberá pagar el monto adeudado o enfrentar el embargo de sus cuentas y bienes por parte del SAT.

En enero de 2021, la Sala Superior del TFJA anuló dos créditos fiscales que sumaban 25.5 millones de pesos, impuestos a Gordillo por ingresos no declarados en 2010 y 2012. En ese caso, se consideró que su derecho a una defensa adecuada fue violado debido a que estaba en prisión preventiva durante las auditorías.

En su declaración fiscal de 2012, Gordillo registró ingresos por 373.3 millones de pesos provenientes de una herencia de su madre, la maestra rural Zoila Morales, los cuales están exentos del pago del ISR.

Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México. La captura se produjo pocas horas después de que arribara en su jet privado procedente de San Diego, California.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) la acusó de malversación de fondos destinados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y lavado de dinero; fue señalada de utilizar fondos del sindicato para gastos personales, incluyendo la compra de propiedades, obras de arte y cirugías estéticas.

Tras su detención, Gordillo fue trasladada a la Ciudad de México, donde fue ingresada en el Centro de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla. Posteriormente, se realizaron audiencias judiciales en las que se detallaron las acusaciones en su contra, incluyendo el supuesto desvío de más de 2,000 millones de pesos provenientes de las cuotas sindicales.

Gordillo negó las acusaciones, pero pasó varios años en prisión preventiva mientras su caso avanzaba en los tribunales. Su arresto fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, generando un fuerte impacto debido a su prominencia como líder sindical y su influencia política.

Tras varios años de litigios y estancias en prisión, fue liberada en 2018 después de que un juez determinara que no había pruebas suficientes para sostener las acusaciones en su contra.