Así fue cómo el CJNG y el Cártel de Sinaloa hicieron estallar la violencia electoral en México en 2024, según organización

La competencia entre los grupos del crimen organizado, principalmente entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, resultó ser un factor determinante en la violencia electoral que afectó a México durante las elecciones de 2024, según el último informe de Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) titulado “Five key takeaways from the 2024 elections in Mexico”.

Este fenómeno se observó claramente en estados como Guanajuato y Michoacán, que, además de estar entre los más afectados por la violencia del crimen organizado, también registraron altos niveles de violencia contra políticos.

En Guanajuato, la violencia alcanzó niveles alarmantes, con varios candidatos enfrentando amenazas directas de grupos criminales. Los ataques se dirigieron no sólo contra los candidatos, sino también contra sus familiares y simpatizantes, creando un clima de miedo e intimidación. Este estado fue escenario de batallas entre el CJNG y otros grupos locales, resultando en un notable aumento de la violencia política.

Michoacán, históricamente conocido por la actividad del crimen organizado, también reflejó esta tendencia. La competencia entre diferentes facciones delictivas provocó una espiral de violencia que impactó directamente en el proceso electoral.

Chiapas lideró en nivel de violencia contra figuras políticas durante el ciclo electoral de 2024, experimentando un aumento del 90% en estos incidentes en comparación con las elecciones de 2021. En varios casos, la violencia fue tan intensa que se optó por cancelar las votaciones en ciertas áreas, como Chicomuselo y Pantelhó, , donde la seguridad de los votantes y de las figuras políticas no pudo ser garantizada.

Aunque la violencia contra figuras políticas fue un fenómeno generalizado, algunos estados presentaron características particulares. En Jalisco y Sinaloa, a pesar de ser bastiones del CJNG y del Cártel de Sinaloa, respectivamente, no se encontraron entre los estados con más incidentes de violencia política.

Esto podría deberse a la fuerte hegemonía y control que estos grupos ya ejercen en la región, eliminando la necesidad de recurrir a la violencia para consolidar su influencia política. En estos estados, la violencia generalmente provenía de tácticas de control territorial o disputas con grupos menores, como en el caso del Cártel Nueva Plaza en la zona de Tlajomulco.

Un contraste interesante se observó en Nuevo León, un estado con altos niveles de violencia del crimen organizado, pero con una baja incidencia de violencia contra figuras políticas. Nuevo León es el segundo estado más rico de México y estaba dominado por un reducido número de familias que concentran tanto la riqueza como el poder político. Esta estructura oligárquica permitió una cierta estabilidad que, aunque marcada por acusaciones de vínculos con organizaciones criminales, evitó altos niveles de violencia política, según el informe.

La situación en Nuevo León también se vio influenciada por el colapso de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la década de 1990, con el estado siendo gobernado últimamente por el Movimiento Ciudadano (MC) o por candidatos independientes. En las elecciones más recientes, Morena, el partido gobernante a nivel federal, apenas consiguió avances significativos en esta región, ganando sólo dos de los 51 municipios del estado, lo que refleja la dificultad de romper con las estructuras de poder locales.

México es el cuarto país más violento del mundo, solamente detrás de Myanmar, Siria y Palestina, según reportó este martes la organización ACLED. Sandra Pellegrini, especialista de ACLED para América Latina, destacó que México se caracteriza por “violencia extrema”, con altos niveles de mortalidad que se manifiestan en contextos electorales.

Las organizaciones ACLED, Data Cívica y México Evalúa presentaron un balance de la violencia político-criminal y sus implicaciones en la democracia mexicana, un mes después de la jornada electoral de junio de 2024.

De acuerdo con el Índice de Conflictos de ACLED, México se mantuvo en 2023 como el país más peligroso del mundo para civiles, y más de 43 millones de personas estuvieron expuestas a violencia política en ese año.

Tiziano Breda, coordinador asociado de análisis para América Latina, resaltó que el proceso electoral de 2023-2024 estuvo marcado por uno de los niveles más altos de violencia contra figuras políticas registrados desde 2018, en particular contra funcionarios y aspirantes a cargos locales.

La competencia entre grupos del crimen organizado impulsó gran parte de esta violencia, aunque al menos el 30% de los incidentes involucraron disturbios y destrucción de propiedades, sugiriendo que las luchas de poder locales y los reclamos comunitarios también contribuyeron.

El monitoreo de “Votar entre Balas” de Data Cívica documentó 130 aspirantes, precandidatos y candidatos atacados presuntamente por grupos del crimen organizado durante el proceso electoral 2023-2024, entre el 7 de septiembre de 2023 y el 2 de junio de 2024.

De estos, 34 fueron asesinados, 40 sobrevivieron a atentados, 32 recibieron amenazas tangibles, 10 candidatos fueron secuestrados, y en 14 ataques armados la persona candidata sobrevivió pero alguien más murió.

México Evalúa realizó un análisis estadístico y encontró que por cada ataque contra autoridades municipales, la participación electoral se redujo en dos puntos porcentuales en las elecciones locales de junio de 2024.

En cuanto a la violencia dirigida específicamente hacia las mujeres, el análisis de México Evalúa informó que dos de cada diez víctimas de violencia política son mujeres. Las mujeres candidatas y relacionadas con puestos de elección popular son más proclives a recibir amenazas y ataques, mientras que los hombres son mayormente asesinados cuando ya son funcionarios electos.

Céline González, investigadora senior del programa de seguridad de México Evalúa, señaló que el 8% de las amenazas y ataques contra mujeres se dirigieron hacia sus familiares, una táctica utilizada para generar miedo y desincentivar su participación política.

Finalmente, las especialistas hicieron hincapié en la importancia de seguir contabilizando y analizando la violencia incluso después de los períodos electorales, ya que los ataques contra actores políticos no han cesado: se registraron 19 ataques durante los primeros 15 días después de la elección. Además, señalaron la falta de políticas públicas para proteger a estos actores, lo que agrava aún más la situación.