Por qué los jueces no deberían hacer campañas para ser elegidos, según expertos

Durante el segundo foro de los diálogos nacionales en torno a las reformas al Poder Judicial, el abogado de la Universidad de Guadalajara, Juan Alberto Ruvalcaba González, recomendó a la LXVI Legislatura no desmantelar el Poder Judicial de la Federación, y apuntó que la asignación de magistrados y jueces debe sostenerse en la carrera judicial y no en una elección de popular.

Expuso que los jueces no deben hacer campañas; “no imagino a un candidato juez de lo penal ofreciendo sentencias absolutorias o sentencias condenatorias. Los jueces deben estar de manera más humana, sensible y empática dictando sentencias, abonando a la justicia y a la paz que este país reclama”.

Añadió que la elección popular provocaría la intervención indirecta de los partidos políticos y no sería una auténtica elección popular. “No queremos un Poder Judicial que se deba a cuotas de partido”.

El experto de la Universidad de Guadalajara insistió que las personas encargadas de impartir justicia deben acceder a los cargos a través del concurso de oposición y en la acreditación de exámenes de alta complejidad, acordes a su responsabilidad.

Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director de la División de Estudios Jurídicos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, cuestionó la propuesta de elección popular directa de ministras y ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues según el académico, es esencial considerar los fundamentos de la gobernabilidad para evitar una posible parálisis en las decisiones del tribunal.

Ruiz Moreno subrayó la importancia de definir claramente el perfil de elegibilidad de los candidatos. Esto implica que las ministras y ministros deben poseer conocimientos en diferentes disciplinas jurídicas y estar preparados para abordar una variedad de temas legales.

Además, enfatizó la necesidad de garantizar la transversalidad de género en las elecciones.

El experto en estudios jurídicos insistió en que cualquier cambio en la forma de selección de los magistrados debe tener en cuenta tanto la eficiencia del órgano judicial como la representación adecuada de género. Estos aspectos, según Ruiz Moreno, son cruciales para mantener el equilibrio y la funcionalidad de la Suprema Corte.

Por su parte, Ana Sofía Torres Menchaca, maestra en derecho constitucional y derechos humanos, expresó que es una reforma compleja, pues si bien consideró valioso ofrecer una justicia pronta y expedita, es todavía incompleta.

Torres Menchaca la consideró infuciente si no se incluye a las fiscalías, a las comisiones de la verdad, de atención a víctimas o de derechos humanos, así como a las escuelas de derecho.

Sobre la elección popular de ministros, magistrados y jueces, planteó tener mejores procesos, trascender el partidismo, las formas de cuotas y amigos.

De Morena, el diputado Leonel Godoy Rangel destacó que la reforma propuesta en la elección de jueces, ministros y magistrados busca eliminar el monopolio del presidente de la República en la nominación de estos funcionarios.

Durante los foros de discusión, señaló que el objetivo es que la justicia sea “pronta, expedita y gratuita”. Godoy Rangel subrayó que, aunque su grupo parlamentario tiene la mayoría calificada y podría tomar decisiones de manera unilateral, el objetivo es escuchar todas las posturas y no imponer criterios como en épocas anteriores.

La diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, reconoció la necesidad de mejorar el Poder Judicial, pero expresó la oposición de su partido a la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.

Argumentó que este método no es viable, ya que las ternas de candidatos serían seleccionadas por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial.

Rubio Fernández también sugirió que una reforma robusta debería comenzar por las fiscalías, que son el primer contacto de la ciudadanía con el sistema judicial.

Además, insistió en la importancia de ser “humildes” al emitir opiniones y destacó que, aunque Morena tiene mayoría calificada, la validación de esta reforma recae en el Tribunal Electoral.

También subrayó la necesidad de asegurar que la reforma respete los derechos adquiridos de los juzgadores federales y locales, conforme al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.