En qué consiste la ley por la que el gobierno tendría tus huellas y datos biométricos que el Senado no aprueba

La Comisión de Gobernación del Senado de la República pospuso la discusión de la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles, misma que permitiría a la Secretaría de Gobernación (Segob) concentrar los datos biométricos de toda la ciudadanía del país.

Durante la sesión del martes 25 de junio, la presidenta de la comisión e integrante del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mónica Fernández Balboa, notificó que recibieron una notificación del juez octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, respecto a un amparo para que se discutiera la iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados.

No obstante, Fernández Balboa indicó que, aunque se convocó a la sesión, no están de acuerdo con el Poder Judicial dé órdenes a una de las dos cámaras del Congreso de la Unión, postura que defendió el resto de los integrantes del partido guinda al considerar que están excediendo sus facultades.

Asimismo, tanto la senadora Rocío Abreu como la oposición pidieron más tiempo para analizar, discutir y aprobar la minuta, debido a que se trata de un tema sensible que involucran información personal de toda la población, además de la protección de datos personales.

Por su parte, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, fue uno de los pocos que se negó a que pase dicha iniciativa, puesto que rechazó que la Segob sea la entidad encargada de administración el sistema de datos biométricos federal, debido a que no existe una ley a la que se quieren inspirar.

Ante lo discutido en la sesión y tras la votación, la senadora Mónica Fernández se agendará una nueva fecha para otra sesión en donde se discuta la iniciativa para que se vote o no y, finalmente, se lleve al pleno.

En marzo de 2023, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que regula el funcionamiento de las oficinas de Registro Civil en todo el país y centraliza los datos bajo el control de la Secretaría de Gobernación. La propuesta fue avalada con 299 votos a favor, 131 en contra y 19 abstenciones, con el respaldo mayoritario del partido Morena y aliados, críticas de la oposición en relación con la seguridad de los datos.

De acuerdo a lo que se conoce, la reforma busca garantizar el derecho a la identidad y el acceso a los servicios del Registro Civil, así como la obtención de documentos que certifiquen la identidad jurídica de las personas.

Uno de los cambios claves es la gratuidad de la inscripción de nacimientos y defunciones, incluidas las constancias necesarias para estos registros, y la expedición del primer acta respectiva, independientemente de si el registro es oportuno o no. Además, la Dirección General del Registro Civil asumirá la función de inscripción de los libros del Registro Civil, siendo facultad exclusiva de los gobernadores.

También se creará el Consejo Nacional del Registro Civil, encargado de la coordinación interinstitucional para armonizar y homologar los procedimientos registrados. Paralelamente, se instituye el Sistema Nacional de Registro e Identidad, administrado por la Segob, que permitirá la inscripción y certificación de hechos o actas susceptibles de registro.

La propuesta ha suscitado un debate intenso. La mayoría de Morena argumenta que se mejorará la administración de los registros y garantizará derechos esenciales, mientras que la oposición expresa preocupaciones sobre la seguridad y manejo centralizado de los datos personales.