Juez que benefició al hijo de ‘El Marro’ también amparó al asesino de los perros rescatistas Athos y Tango

El magistrado Salinas Wolberg fue señalado por brindar protección al responsable de maltrato animal

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Magistrado Eustacio Esteban Salinas Wolberg, del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito de Querétaro. (Facebook/Justicia TV)
Magistrado Eustacio Esteban Salinas Wolberg, del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito de Querétaro. (Facebook/Justicia TV)

Durante la conferencia matutina del 25 de junio, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, exhibió a las autoridades judiciales que participaron en el proceso para liberar a Luis Antonio Yépez Cervantes, alias ‘El Monedas’, hijo de ‘El Marro’, fundador del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

El hijo del líder criminal obtuvo inicialmente, en el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 22° Circuito de Querétaro, una suspensión provisional para dejar sin efecto la medida de prisión preventiva oficiosa que le había sido impuesta.

Dicha instancia votó, de forma unánime, que se debía retirar la prisión preventiva oficiosa de ‘El Monedas’ y dos de sus cómplices e instruyó a una jueza de control a celebrar una audiencia para modificar las medidas cautelares. En este acto fue que se concedió la libertad para los tres imputados.

Magistrados que beneficiaron al hijo de 'El Marro'. (Gobierno de México)
Magistrados que beneficiaron al hijo de 'El Marro'. (Gobierno de México)

Entre los magistrados que votaron a favor de dejar sin efecto la prisión preventiva de ‘El Monedas’ se encuentra Eustacio Esteban Salinas Wolberg, quien ya había sido duramente criticado por su participación en el caso de Athos y Tango, perros rescatistas asesinados en Querétaro en 2021.

Los canes murieron el 13 de junio de 2021 luego de que Benjamín “N”, un hombre con residencia en Querétaro, les dio salchichas envenenadas. Las investigaciones apuntaron que el sujeto arrojó el alimento intoxicado al domicilio del cuidador en donde vivían los animales.

Benjamín “N” fue detenido el 5 de julio de ese mismo año y su juicio inició en agosto de 2022 en la ciudad de Querétaro. Durante la recopilación de indagatorias, agentes de seguridad catearon su domicilio y encontraron salchichas que contenían un alcaloide como veneno, misma sustancia que fue hallada en los cadáveres de los perros. Además, en el juicio se dieron a conocer videos que vinculaban al imputado con los hechos, así como declaraciones que revelaban sus intenciones de asesinarlos.

El día 23 de agosto de 2022, la jueza Alicia Basurto García declaró culpable a Benjamín “N” del asesinato de los perros, al considerar que había elementos suficientes para corroborar su participación en tres delitos de maltrato agravado de animales —el perro Balam, hijo de Athos, también fue envenenado, pero logró sobrevivir y presentó múltiples lesiones—.

Athos y Tango formaban parte del cuerpo de rescate de la Cruz Roja (ATHOS sar-dog / Facebook)
Athos y Tango formaban parte del cuerpo de rescate de la Cruz Roja (ATHOS sar-dog / Facebook)

Basurto García dictó una sentencia de 10 años y seis meses de cárcel en contra del asesino. Frente a esto, Benjamín “N” solicitó un amparo que fue aprobado el 1 de febrero de 2024 por el magistrado Salinas Wolberg, quien determinó que la condena impuesta debía ser revisada. La intención del juez, así como del asesino, era reducir la pena carcelaria hasta en la mitad del plazo contemplado inicialmente.

Para conceder el amparo, el magistrado Salinas consideró la sanción era incorrecta y que Benjamín “N” debía ser castigado sólo por un delito, sin importar el número de animales a los que había asesinado. Además, el sentenciado acusó que las pruebas presentadas en el juicio se habían conseguido de forma ilegal.

Días después de que se ordenara la revisión de la sentencia, un Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Querétaro ratificó la sentencia de 10 años de prisión en contra de Benjamín “N”, ya que todos los indicios de la investigación se obtuvieron sin vulnerar sus derechos fundamentales.

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