Durante el mandato del exgobernador José Rosas Aispuro Torres (2016-2022), las empresas Duranpark y Caxxor Group firmaron un convenio con el gobierno del estado, el cual las avaló como poseedoras legales de 200 hectáreas de terreno para desarrollar el Centro Logístico e Industrial de Durango (CLID).

Sin embargo, en marzo pasado, el actual mandatario de la entidad, Esteban Villegas Villarreal, rompió el acuerdo señalando un supuesto incumplimiento, por ello, un juez federal determinó que él afectó directamente a la empresa Duranpark, al expropiarle los terrenos cedidos por el gobierno estatal anterior, en los cuales, la compañía ya hizo una importante inversión económica para el desarrollo del Centro Logístico.

El CLID es un parque industrial estratégico para el aprovechamiento del T-MEC (integrado por Canadá, Estados Unidos y México), y el fenómeno del nearshoring (relocalización empresarial), que impulsa la economía local y nacional mediante inversión extranjera, además de generar miles de empleos directos e indirectos.

Iván Francisco Rodríguez Zamarripa, juez primero de distrito, concedió, en abril, una suspensión definitiva para evitar el despojo tras concluir que la ejecución del decreto de expropiación con el que Villegas Villarreal oficializó el retiro de los derechos de unas 200 hectáreas, constituye una afectación a la propiedad y posesión de los inmuebles de la compañía Duranpark.

No obstante, ambos entes afectados tienen en su poder un convenio firmado con el gobierno estatal pasado, el de Aispuro Torres, que avala a las empresas como poseedoras legales de las tierras para desarrollar el CLID, el cual rompió unilateralmente el gobernante actual por “un supuesto incumplimiento”.

Según el mandatario, ninguna de las dos empresas cumplió con lo acordado, ya que sus declaraciones -fiscales- fueron contradictorias; aceptó que Duranpark sí invirtió en las propiedades, pero no lo establecido, “Había un acuerdo de que ellos tenían que meterle ‘x’ número de infraestructura a esos terrenos, que nunca le metieron (...) el convenio era que le tenían que meter como 700 millones de pesos, le metieron 18 millones”, declaró a un medio local.

Sin presentar pruebas, Villegas Villarreal acusó a la corporación de querer registrar los terrenos a su nombre, “Por supuesto que sí me molesté con ellos y les dije: se acabó el acuerdo”, reprochó el titular del Ejecutivo estatal, evitando la expropiación pese a la inversión realizada.

El dictamen aprobado por el Congreso local, para formalizar la expropiación del gobernador, fue publicado el 29 de febrero de 2024, por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

En el documento se estableció que los nuevos beneficiarios de la enajenación gratuita de las posesiones en cuestión serían las empresas COFICAB y Multipak, sobre Duranpark y Caxxor Group.