El sargento segundo Santiago Muñoz Pilo, acusado de la delincuencia organizada en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, salió en libertad provisional tras verse beneficiado por la modificación hecha por un juez federal que cambió su prisión preventiva justificada por el pago de una garantía económica.
El militar retirado salió el pasado 18 de junio por la noche de la prisión del Campo Militar 1-A, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de permanecer un mes preso, de acuerdo con el diario El Universal que cita a autoridades del gabinete de seguridad federal.
Este sargento peluquero, quien perteneció hace 10 años al 27 Batallón de Infantería de Iguala y quien estuvo activo la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando sucedieron los hechos, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado mes de mayo.
Al militar en retiro se le vincula con el grupo criminal Guerreros Unidos que son señalados por las autoridades federales como los principales responsables del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Otra de las medidas que impuso la jueza federal al sargento segundo es que tendrá que presentarse de forma periódica ante el juzgado para la firma del libro de procesados, el retiro de pasaporte y la prohibición de salir del país.
Según El Universal, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, modificó la medida cautelar de prisión preventiva para que el sargento de la Sedena pueda llevar su proceso en libertad.
Cabe mencionar que la jueza Raquel Ivette ordenó hace un año la captura de 16 oficiales y tropa de los Batallones 27 y 41 de Iguala, por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada.
Dentro de estas personas detenidas se encontraba el general en retiro Rafael Hernández Nieto, quien meses después pudo llevar su proceso en libertad al igual que los otros ocho soldados a los que también se les cambió la medida cautelar de prisión preventiva por la misma jueza que ordenó su arresto: Raquel Ivette Duarte Cedillo.
En su momento se informó que los elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas tendrán que pagar una garantía económica de 100 mil pesos