La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, promulgada en junio de 2019, se presenta como una herramienta fundamental para fomentar la convivencia armónica y respetuosa entre los ciudadanos.
Esta legislación no solo regula las infracciones cívicas y sus sanciones, sino que también se alinea con las constituciones tanto de México como de la Ciudad de México, promoviendo un ambiente de paz y respeto en la capital del país.
Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es su enfoque en la mediación como un mecanismo de justicia alternativa. Este enfoque permite resolver conflictos de manera pacífica y equitativa, reduciendo la necesidad de procedimientos legales largos y costosos.
La mediación se plantea como una solución efectiva para las disputas menores, promoviendo el diálogo y la cooperación entre los ciudadanos.
En cuanto a las infracciones cívicas, el artículo 27 de esta ley señala específicamente que son infracciones contra la tranquilidad de las personas, como el ruido.
El inciso 3 de este artículo establece claramente que se considera una infracción “producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o representen un posible riesgo a la salud”.
Esta disposición es crucial para mantener un ambiente de paz y tranquilidad en las comunidades, protegiendo tanto la salud mental como física de los residentes.
Sanciones a los vecinos ruidosos
Las sanciones por ser un vecino ruidoso están clasificadas como infracción tipo B. Las consecuencias para quienes incurran en esta infracción pueden variar dependiendo de la gravedad del caso.
Se establece una multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida, lo que corresponde a una cantidad que va desde mil 194.27 hasta 4 mil 342.8 pesos.
Además de las multas económicas, la ley también contempla la posibilidad de aplicar arresto de 13 a 24 horas o la realización de trabajo comunitario de 6 a 12 horas como medidas correctivas.
Estas sanciones buscan no solo castigar la infracción, sino también educar y reintegrar al infractor en la comunidad de manera positiva.
Aunque hay que destacar que el juez cívico, dependiendo de la gravedad de la infracción, podrá imponer como sanción la amonestación, cuando en el registro del juzgado no existan antecedentes de la Persona Infractora.
A través de la regulación de comportamientos que afectan la tranquilidad de las personas y la implementación de sanciones proporcionales y justas, se busca garantizar un ambiente en el que todos los ciudadanos puedan vivir en paz.
La mediación como mecanismo de justicia alternativa y las medidas correctivas, como el trabajo comunitario, son ejemplos de cómo esta ley promueve no solo el castigo, sino también la rehabilitación y la educación cívica.