La deuda es un herramienta que los estados y municipios de México han empleado para complementar sus ingresos y así poder brindar mejores servicios a sus ciudadanos, siempre con las mejores intenciones, o al menos así lo hacen saber.
No obstante algunos han abusado de éste instrumento, poniendo en riesgo la salud financiera en sus entidades en el mediano plazo y largo plazo, haciéndose de deudas casi impagables que a la postre heredaran gobiernos futuros y que sin duda, la ciudadanía es quien termina padeciendo las malas decisiones de las autoridades.
Sabías que... Recientemente la firma Fitch Ratings redujo la perspectiva de la calificación crediticia de Nuevo León, de estable a negativa, es decir, que es mucho más propenso ante cambios en la economía.
Endeudamiento
Tal es el caso del gobierno de Nuevo León y sus entes públicos, cuya deuda al cierre del primer trimestre de este año subió a 102 mil 942 millones de pesos, la más alta entre todos los estados del país, superando incluso a la de la Ciudad de México, la cual disminuyó a 100 mil 007 millones de pesos.
Información de la Secretaría de Hacienda (SHCP) reveló que los pasivos financieros de la entidad crecieron 8.1% nominalmente, en su comparación anual, ya que en el mismo periodo del 2023 sumaban 95 mil 193 millones de pesos.
Al finalizar el año, la deuda era de 97 mil 559 millones de pesos, mientras que la de la CDMX sumaba 101 mil 606 millones de pesos; en dicho periodo la deuda per cápita pasó de ser 15 mil 730 pesos, y en el primer trimestre del 2024 alcanzó los 16 mil 318.7 pesos, un aumento del 3.7%.
Opinión
Es de destacar que Nuevo León, que es de menor tamaño poblacional -5.7 millones-, rebase a la CDMX -9.2 millones de personas- en deuda total, aunque hay que considerar que cada lugar tiene realidades, gastos y apoyos federales diferentes, por lo que no son necesariamente comparables.
Razón por la cual, para combatir tal situación, es necesario regular, a nivel nacional y estatal, las políticas de endeudamiento y, en su caso, considerar una legislación en materia de responsabilidad hacendaria que busque evitar comportamientos que atenten a la salud de las finanzas públicas locales.
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