¿Por quiénes votaron las personas que están en prisión preventiva?

Entre los aspectos más destacados del proceso electoral 2023-2024, además de la designación de la primera presidenta del país, se encuentra el hecho de que las autoridades crearon mecanismos para captar los votos de las personas en prisión preventiva.

Para este ejercicio se consideraron la elección de Presidencia y los cargos locales en la Ciudad de México, Chiapas e Hidalgo.

Con un avance del 95% en el registro de actas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) señala que para la elección presidencial, las personas en prisión preventiva votaron mayoritariamente por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Este partido, en solitario, obtuvo 53.2% de los votos emitidos por las personas que se encuentran privadas de su libertad, pero que no enfrentan una sentencia que suspenda sus derechos. En un lejano segundo lugar, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se quedó con 10.8% de los sufragios emitidos en esta modalidad, mientras que Movimiento Ciudadano (MC) obtuvo 9.5% del total.

Respecto a la Ciudad de México, el voto emitido desde los centros penitenciarios siguió la misma tendencia que el resto de los comicios, pues la coalición Sigamos Haciendo Historia, representada por Clara Brugada Molina, ganó el primer lugar con 44.6% de los sufragios. En segundo lugar, la alianza del PAN-PRI-PRD recibió 28.2% y Movimiento Ciudadano consiguió 12.8%.

En el estado de Chiapas, el ejercicio de participación de las personas en prisión preventiva también posicionó a Morena como la fuerza política más votada, con 49.7% de las preferencias. Por debajo se ubicó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 14% y en el tercer puesto quedó el Partido del Trabajo, con 7%.

Sobre este mecanismo en el estado de Hidalgo, el Instituto Estatal Electoral (IEEH) registró que se recibieron 760 votos de personas en prisión preventiva para este proceso. Sin embargo, las estadísticas del PREP no muestran un desglose de cuáles fueron las tendencias entre dicha población.

La participación ciudadana desde las cárceles fue posible gracias a que en junio de 2018 dos personas recluidas en el Centro Estatal de Reinserción social ‘El Amate’, en Chiapas, tramitaron una impugnación en la que acusaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) no contaba con los lineamientos necesarios para permitirles ejercer su derecho a votar.

El asunto llegó a manos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que en febrero de 2019 resolvió que las personas en prisión que no han sido sentenciadas, efectivamente, tienen derecho a votar. En 2021 se realizó una prueba piloto y en 2024, finalmente, se implementó por primera vez.