Este día los ministros Javier Laynez y Lenia Batres protagonizaron una discusión sobre el parámetro de regularidad constitucional y la forma en que los estados deberían replicar las definiciones que permiten el funcionamiento de los tres poderes.
La discusión surgió por definir la forma en que se regula la deliberación de los grupos en el congreso, “pretenden garantizar derechos de las minorías, se ha sostenido que la SCJN debe jugar un papel contramayoritario pero no se menciona a los creadores del concepto en el que se desconfía tanto de las mayorías, es conveniente recordar que James Madison como parte de la visión fundacional del constitucionalismo norteamericano aseguraba que en las repúblicas el mayor peligro es que las mayorías no respeten los derechos de las minorías”, dijo Batres.
La discrepancia entre dos integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) surgió porque durante la propuesta, la ministra Lenia Batres mencionó los parámetros de regularidad constitucional de James Madison, ex presidente de Estados Unidos, así que Javier Laynez le respondió:
“Debo decir que no conozco a profundidad el sistema constitucional norteamericano ni la posición de Madison sobre este punto y la democracia deliberativa pero sí conozco el sistema mexicano y sobre todo la jurisprudencia que ha elaborado este tribunal en ambos casos que voy a citar y que son de antes de que yo fuera ministro”.
A continuación, el ministro reviró la participación de Lenia Batres recordando dos ocasiones en que se habría violado el proceso legislativo.
La Suprema Corte revisa recursos para extinción de fideicomisos en el Poder Judicial
El 21 de mayo de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatió la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama para revocar la suspensión definitiva sobre la iniciativa de extinción de fideicomisos, según informó un medio reconocido.
Esta medida podría afectar a 13 fideicomisos relacionados con el Poder Judicial de la Federación (PJF) y recursos estimados en más de 15 mil millones de pesos. La suspensión original, con efectos generales, había protegido a todas las instituciones y personas potencialmente perjudicadas, quienes no necesitaban amparos individuales. La propuesta de extinción fue inicialmente presentada por el Poder Ejecutivo, pero el magistrado jubilado Filiberto Javier Mijangos Navarro impugnó la resolución ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados, frenando temporalmente la extinción. La SCJN acordó revisar los recursos de atracción del caso el 31 de enero de 2024, marcando un punto crucial en la disputa.
La disputa principal reside en el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF, que sugiere la eliminación de los fideicomisos 80692 y 80694 relacionados con pensiones y planes médicos complementarios. La consejería argumentó que Mijangos carecía de interés legítimo para impugnar, ya que dejó de formar parte del PJF al jubilarse en 2016.
Lenia Batres destaca que la suspensión definitiva podría afectar el interés social y contravenía disposiciones de orden público. Asimismo, se consideró que los efectos señalados en la decisión recurrida eran más extensos de lo permitido en el sistema del juicio de amparo, ya que no debieran ir más allá de los involucrados procesalmente. Por último, la ministra subrayó que la premisa adoptada por el juzgado al aprobar la suspensión fue incorrecta, lo que derivó en una decisión errónea respecto a los efectos de la misma. En consecuencia, propone que se revoque la suspensión definitiva para avanzar en la extinción de los fideicomisos mencionados.