Gobernadores y jefe de Gobierno exhortan a la ministra Norma Piña a conservar la prisión preventiva oficiosa

En un intento por mantener uno de los procedimientos judiciales que ha dado mayores resultados para la justicia mexicana, gobernadores de los 31 estados de la República y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, se dirigieron a la ministra Norma Piña para pedirle que no sea retirada la prisión preventiva oficiosa del Código Penal.

Sin distinción de la Cuarta Transformación y los mandatarios de la oposición, todos los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) estuvieron de acuerdo en enviarle una petición para que la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie en contra de la desaparición de esta medida preventiva.

En la misiva se puede observar que los gobernadores estatales consideran que es totalmente necesario poner las leyes de la Constitución Mexicana por encima de las percepciones de organismos fuera del país. Esto debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que esta medida cautelar es totalmente inconvencional y sugirió eliminarla a todas las naciones que continúen esa práctica, incluyendo a México.

Lo anterior con el objetivo de que la Carta Magna sea respetada como la máxima referencia para regir en el territorio nacional y así evitar, aseguran, que la seguridad pública de la población se vea comprometida por la decisión de autoridades externas.

Dentro de las preocupaciones que existen entre los mandatarios se encuentra la protección de las víctimas y de los testigos pues se trata de una parte vulnerable que puede ponerse en riesgo en caso de que los acusados pasen su proceso en libertad, sobre todo aquellos que han cometido delitos graves.

“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, se logra leer en el comunicado.

Y es que, de acuerdo con lo que se determinó desde la implementación de esta normativa, se creó para el combate al crimen pues esto garantizaría un correcto proceso penal y el esclarecimiento de lo ocurrido y la certeza de que las injusticias no queden impunes, así como la seguridad de las víctimas al prevenir el contacto con el agresor e incluso se previene a que los supuestos criminales puedan salir del país.

“Hacemos un llamado respetuoso para que la SCJN considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados”, agregaron.