Colectivos alertan por contaminación ante posible compra de terminal petrolífera

Colectivos que defienden los derechos humanos en México han advertido que la adquisición de la terminal petrolífera Servitux, ubicada en Tuxpan, Veracruz, por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), podría afectar gravemente el medio ambiente de esa zona del país.

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) y Justicia Transversal Mexicana (JTM), han sido enfáticos en señalar que el gobierno federal gestiona la compra de una terminal petrolífera que, perjudicaría la flora y la fauna, así como la afectación, irreparable, de nuestro primordial recurso: el agua.

Jesús Fierro Hernández, titular de GIDH, reiteró que existen dictámenes en materia de derecho ambiental que ubican que la propiedad en cuestión es un ente que ocasionaría, de reactivarse, un grave impacto contra la flora, la fauna y el agua en esa región del país.

De igual modo, Fierro Hernández, enumeró algunas de las graves anomalías detectadas por los expertos en los dictámenes, como tanques con deficiencias estructurales, modificaciones no autorizadas por la autoridad ambiental, exposición a material tóxico en extremo, entre otras igual de peligrosas.

Servitux fue clausurada en mayo de 2021, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) decidió hacer una inspección sorpresa a la planta por supuestas irregularidades en el diseño de sus tanques de almacenamiento, por lo que fue clausurada temporalmente, utilizando incluso la fuerza de la Guardia Nacional.

En enero de 2022, la empresa Monterra Energy denunció al gobierno mexicano por la clausura injustificada, alegando un daño potencial cotizado en 667 millones de dólares. Sin embargo, nada se supo al respecto hasta el primer trimestre del 2023, cuando PEMEX contacto a la empresa KKR (dueña de la terminal) para negociar su compra medio del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), y en cuyo contrato de compra está la firma de Octavio Romero Oropeza, titular de la paraestatal.

La terminal está compuesta de 16 tanques con capacidad para almacenar combustibles para 3 millones 158 mil 240 barriles. Mauricio Santiago Eder, abogado de JTM, recordó que esa terminal veracruzana fue cerrada en 2021, por deficiencias estructurales.

Santiago Eder destacó que los directivos de la empresa del Estado, en especial su titular, Romero Oropeza, deberían priorizar no sólo el derecho a la salud sino, además, reflexionar ante lo que consideró como una “innecesaria sangría al erario mexicano en perjuicio de la población”, ya que con la adquisición de dichas instalaciones se perderían millones de dólares en una estructura petrolera inoperable, con el riesgo inminente de contaminar afluentes hídricos.

En el marco de Reforma Energética de 2013, surgió la Terminal Internacional de Fluidos de Tuxpan (TIFT), en Tuxpan, Veracruz, con el objetivo de realizar labores como “diseño, preparación, prearranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento (...) así como almacenar petrolíferos importados como son: gasolina regular, gasolina premium, diésel y turbosina”, según data un documento oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

En el 2018 se produjeron cambios en los apoderados de la empresa, que incluyó a personajes con vínculos políticos los cuales generan dudas razonables y conflictos de interés en el tema.

Ambos colectivos han subrayado que el gobierno federal está a tiempo para detener dicha transacción innecesaria, que ocasionará una afectación irreparable en el ecosistema de la región en cuestión.