Representantes de comunidades indígenas se deslindaron del sacrificio de una gallina en el Senado

Este miércoles 24 de abril de 2024, se dio a conocer el video del instante en que una gallina fue sacrificada en las instalaciones del Senado de la República. El acontecimiento causó debate en las redes sociales y, aunque el senador encargado de la organización del acto se escudó diciendo que se trataba del ejercicio de “usos y costumbres”, la comunidad de pueblos originarios se deslindó.

A través de un comunicado, el Consejo Autónomo de Pueblos y Barrios Originarios (CAPyBO) se deslindó de los actos encaminados en las instalaciones del Senado de la República al declarar que no autorizaron su realización. Por el contrario, pidieron respeto a las actividades que sí realizan con autorización como danzas y ofrendas.

De igual manera, se pronunciaron sobre la justificación que el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dio a conocer ante los medios de comunicación y para el que citó el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), al asegurar que deben respetarse las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios.

“Los actos sacrificiales en espacios públicos no sagrados ni consagrados para el desarrollo de nuestras pláticas identitarias culturales y ancestrales contravienen el pacto constitucional de ‘mantener la unidad’”, se dio a conocer en el comunicado firmado por Adriana Fabiola Poblano Ramos, consejera presidenta del Consejo Autónomo de los Pueblos y Barrios Originarios.

De igual manera, más allá del posicionamiento del CAPyBO, en el comunicado se hizo mención de otras representaciones integrantes del Pacto por Anáhuac, las cuales también rechazaron el acto encaminado en las instalaciones de la Cámara de Senadores.

“Cabe mencionar que al igual que muchas otras representaciones de pueblos y comunidades, somos integrantes del Pacto por Anáhuac, pero este evento no fue acordado por la asamblea (tlahtokan) por eso nos deslindamos de quienes hayan organizado y ejecutado esa práctica, la cual no es parte ni de nuestra cosmovisión, tradiciones, usos y costumbres o prácticas rituales vigentes”, se lee en el último párrafo del documento.

El senador Adolfo Gómez Hernández, identificado como el organizador, defendió la acción citando derechos culturales, mientras que figuras como Ricardo Monreal se distanciaron claramente de la práctica, subrayando la importancia de los derechos de los animales.

El episodio, captado en un video que muestra a una mujer vistiendo un traje tradicional mientras declara la vida del animal en un contexto ceremonial, ha planteado debates sobre los límites de las prácticas culturales y el respeto a la vida animal dentro de espacios gubernamentales. Gómez Hernández se apoyó en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para justificar el acto, argumentando que responde a “nuestro libre derecho” en respeto a las prácticas de los pueblos originarios.

Por otro lado, Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, aclaró que el acto no fue aprobado por la administración del recinto. “En el Senado de la República se ha trabajado intensamente por el reconocimiento, defensa y promoción de los derechos de los animales”, afirmó Rivera, comprometiéndose a tomar “medidas disciplinarias pertinentes” contra el senador responsable. Esta declaración subraya una postura institucional en contra del sacrificio animal dentro de sus dependencias, especialmente sin autorización previa.

Ricardo Monreal, por su parte, expresó su desaprobación personal y la de la mayoría de su grupo parlamentario hacia el sacrificio del animal. “No estoy de acuerdo, en lo personal, con el sacrificio de ningún animal en ninguna parte. Soy animalista y creo en la vida”, declaró Monreal, desmarcándose de la decisión individual de Gómez Hernández, pese a cualquier justificación cultural que este último presentara.

El incidente ha levantado importantes cuestiones sobre el respeto a la vida animal, la práctica de rituales indígenas en espacios públicos, y la necesidad de encontrar un equilibrio entre tradición y legislación contemporánea. La justificación de Gómez Hernández resalta un debate más amplio sobre cómo las leyes nacionales se interpretan y aplican en contextos que involucran tradiciones ancestrales.