Movimiento también impugnará las reformas a las leyes de Amparo y de Amnistía

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo con la cual se limita la facultad de jueces y magistrados para suspender de manera provisional los efectos de leyes impulsadas por el gobierno, tal como sucedió con la Ley de Hidrocarburos y la de Industria Eléctrica, además de obras como el Tren Maya, si estas se catalogan de “interés público”.

Partidos de oposición votaron en contra y acusaron que este tipo de reformas son regresivas y fomentan el autoritarismo, pues limitará a los ciudadanos que se vean afectados por leyes u obras gubernamentales, según reconoció el senador Ricardo Monreal, autor de la iniciativa.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Braulio López Ochoa, anunció que su bancada planea presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las recientes modificaciones a las leyes de Amparo y de Amnistía.

Este 24 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo y el siguiente paso es hacer lo propio con la de Amnistía. Con esto, el presidente de la República podrá promulgar el decreto en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.

La acción legal que planea Movimiento Ciudadano será en respuesta a las reformas que, según el legislador naranja, podrían contravenir el marco constitucional vigente, particularmente en lo que respecta a la capacidad presidencial para liberar a convictos a cambio de información relevante para esclarecer crímenes, una disposición contemplada en la nueva Ley de Amnistía.

En el contexto de estas reformas, López Ochoa expresó su preocupación, especialmente respecto a la Ley de Amnistía y cómo ésta permitiría al presidente Andrés Manuel López Obrador gestionar la liberación de personas encarceladas, inclusivas ya sentenciadas, bajo ciertas condiciones.

El diputado cuestionó la conveniencia de utilizar casos sensibles no resueltos, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para justificar tal ley, argumentando la necesidad de un escrutinio y análisis más profundo de estos temas.

Además de las impugnaciones legales previstas, el coordinador de MC lamentó la falta de apoyo en el Pleno a varias propuestas de su grupo, entre ellas iniciativas relacionadas con la jornada laboral, la equidad de salario en el deporte, medidas de apoyo a la lactancia materna y la denominada “Ley silla”, diseñada para mejorar las condiciones laborales permitiendo a los trabajadores sentarse durante sus jornadas de trabajo.

Subrayó la resistencia encontrada particularmente en la discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, lo que considera reflejo de una Legislatura sometida a los intereses y el calendario del Ejecutivo.

El diputado también criticó los foros de diálogo organizados en torno a las 20 iniciativas presentadas por el presidente el pasado 5 de febrero como insuficientes y poco efectivos, denominándolos “diálogos de la simulación”.

Su descontento radica en la falta de convocatoria a comisiones y la percepción de una falta de compromiso real con la implementación de políticas necesarias y justas para la ciudadanía.

Específicamente, se ha agregado un párrafo al artículo 148 que limita los efectos de las suspensiones para que no tengan un carácter general. Además, se ha eliminado una disposición del artículo 129 que permitía la concesión excepcional de la suspensión incluso en casos que podrían afectar al interés social.

Estas acciones buscan fortalecer el juicio de amparo como un mecanismo de protección de derechos humanos y fundamentales, según la constitución mexicana y los tratados internacionales de los que México es parte.

El juicio de amparo se establece como un medio de control constitucional contra actos derivados del ejercicio del poder en México. Su propósito es salvaguardar los derechos humanos frente a violaciones por parte de normas generales, actos o omisiones de autoridades o particulares especificados en la ley.

La revisión busca prevenir la aplicación indiscriminada de suspensiones antes de las sentencias definitivas, subrayando la importancia de un análisis previo ponderado por parte de los jueces.