La carrera hacia la gubernatura de Veracruz se ve sacudida por nuevas revelaciones, sumando así otro capítulo a la serie de controversias que han marcado la campaña de Rocío Nahle, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
Esta vez, el foco de la polémica se centra en el supuesto uso indebido de vehículos gubernamentales, elevando el nivel de escrutinio sobre la exsecretaria de Energía en la carrera por la gubernatura a sólo cuatro días del debate y a poco más de un mes de que se lleven a cabo las elecciones del 2 de junio.
En el nuevo “capítulo” de acusaciones, el empresario Arturo Castagné Couturier reveló que la mujer oriunda de Zacatecas ha estado empleando vehículos oficiales, específicamente del municipio veracruzano de Martínez de la Torre, cuyo alcalde con licencia, Rodrigo Calderón, se sumó desde diciembre al equipo de la candidata morenista.
En imágenes compartidas en redes sociales se puede ver una camioneta Chevrolet suburban 4x4 color blanco platino fabricada en Estados Unidos y con las placas YBE-044-A.
Junto con la información el empresario adjuntó una imagen del contrato de la compra de dicho vehículo por parte del municipio. En el registro se señala que la compra fue hecha el pasado 27 de marzo de 2018 con un valor total de un millón 21 mil pesos.
Por otro lado, ventiló que otra de las camionetas usadas en la campaña de Rocío Nahle tiene reporte de robo. Se trata de una Pick up RAM modelo 1500/2500 con placa U27BLW fabricada en México.
Infobae corroboró la información a través del Registro Público Vehicular (Repuve) y confirmó que la Fiscalía General de Justicia estatal sí levantó un reporte de robo del vehículo, que habría sido sustraído el 22 de marzo de 2024.
Se desconoce si las imágenes compartidas por el empresario veracruzano en donde se ven las camionetas en la campaña de Nahle fueron tomadas en días recientes.
Acusación por conflicto de interés
En la víspera, Arturo Castagné Couturier sacó a la luz información que intensificaron las suspicacias en torno a Nahle. Se señala que, a lo largo de su gestión en la Secretaría de Energía (2019-2023), la candidata a la gubernatura de Veracruz facilitó la concesión de 100 permisos de venta de petrolíferos a favor de Servifácil S.A de C.V. y Servicio Cúpula S.A. de C.V., ambas propiedad de Jesús Rogelio Lemarroy González.
Se trata del mismo personaje que es mencionado como el supuesto vendedor de un departamento de lujo a Nahle en San Pedro Garza García, Nuevo León.
En dicho contexto, Castagné ha instado tanto a la Fiscalía General de la República (FGR) como a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a llevar a cabo investigaciones minuciosas para esclarecer estos hechos. Además, el empresario ha revelado la existencia de cuentas bancarias en paraísos fiscales, presuntamente vinculadas a Nahle y su esposo José Luis Peña Peña.
La candidata morenista, por su parte, enfrenta acusaciones también por parte de su contrincante, José Francisco ‘Pepe’ Yunes Zorrilla, candidato por la coalición PRI, PAN y PRD para la misma gubernatura, quien ha presentado denuncias contra Nahle por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con la adquisición de propiedades y la construcción de mansiones en Veracruz y Tabasco.
Frente a las acusaciones, Rocío Nahle ha reafirmado su compromiso con la integridad y transparencia, señalando que tanto su declaración patrimonial como la procedencia de sus ingresos y propiedades han sido rigurosamente documentadas y están en plena conformidad con la ley. La candidata subraya que cualquier inspección de sus finanzas revelará una gestión honesta y responsable.
Las propiedades atribuidas a Nahle y su familia han sido específicamente detalladas por Castagné Couturier, quien alega discrepancias entre el valor de estos bienes, estimados en aproximadamente 96.4 millones de pesos mexicanos, y los ingresos declarados por Nahle a lo largo de su servicio público.