Violencia, libertad de expresión y tortura: así calificó EEUU a México en materia de DDHH

Cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) elabora un informe sobre las prácticas de Derechos Humanos (DDHH) que se realizan en casi 200 países —incluido México— con la finalidad de conocer los avances que se tienen en materia de derechos individuales, políticos, civiles y laborales.

Este 25 de marzo, el secretario Antony J. Blinken presentó el Informe nacional sobre prácticas de DDHH 2023, el cual se basó en reportes de dependencias del gobierno, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.

Entre los problemas de DDHH que se presentaron en México durante 2023 y fueron incluidos en el informe destacan: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, feminicidios, actos de tortura, libertad de expresión y violencia de género, principalmente.

El informe sobre México se dividió en siete apartados que dieron cuenta del avance o retroceso del gobierno federal en el cumplimiento de los DDHH.

• Respeto por la integridad personal. Algunas de las problemáticas detectadas en México tienen que ver con homicidios ilegítimos o arbitrarios (incluidas ejecuciones extrajudiciales), desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad.

También se incluyen las condiciones que se presentan en los centros penitenciarios, donde —según el informe— existe una sobrepoblación de personas privadas de su libertad que son víctimas de abuso físico y psicológico, ya que en ocasiones son trasladadas a otras prisiones que están lejos de sus familias.

Las personas migrantes, asimismo, denunciaron casos de amenazas, comida en mal estado, tratos degradantes, privación de necesidades vitales y detenciones arbitrarias. “Las autoridades no siempre llevaron a cabo investigaciones sobre acusaciones creíbles de malos tratos”, señaló el Departamento de Estado.

• Respeto a las libertades civiles. El informe indica que el Gobierno de México “respetó en general” el derecho a la libertad de expresión, incluida la periodística y medios de comunicación, aunque se presentaron algunos retos que tenían que ver con descalificaciones por parte del mandatario federal.

Se mencionó que los medios independientes “se mantuvieron activos y expresaron una amplia variedad de opiniones sin restricciones”. Sin embargo, se indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continuó con sus desacreditaciones y críticas públicas a periodistas que laboran en medios considerados como “opositores”, calificándolos como “parciales, partidistas y corruptos”.

Además de las desacreditaciones que se veían reflejadas en la tradicional conferencia matutina de AMLO —en la sección “Quién es quién en las mentiras”—, las y los periodistas de México también sufrieron acoso, ciberataques, intimidaciones, hostigamiento y asesinatos debido a su labor informativa.

“Los altos niveles de impunidad, incluso en los casos de asesinatos o agresiones a periodistas, provocaron autocensura y redujeron la libertad de expresión y de prensa”, se lee en el informe.

• Libertad de movilidad y derecho a salir del país. De acuerdo con el Departamento de Estado de EEUU, México respetó el derecho para la migración, repatriación y circulación dentro de la República. Sin embargo, se presentaron algunas problemáticas que dificultaron el acceso a estos derechos.

La presencia de grupos armados limitó los movimientos en territorio mexicano de las personas migrantes, quienes en ocasiones son sometidas a actos de extorsión para que puedan seguir con su viaje hacia el norte del país. A esto se suman los malos tratos que reciben los refugiados y solicitantes de asilo.

Si bien el Gobierno de México cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones para brindarles protección, “hubo informes fidedignos sobre solicitantes de asilo reconocidos oficialmente a los que se negó la circulación por el país y que fueron detenidos por las autoridades de migración”.

En cuanto al desplazamiento forzado, los estados de Chiapas, Michoacán y Zacatecas concentraron casi el 90% del número total de desplazados internos en México. Esto debido a la violencia generada por las organizaciones criminales, principalmente. En 2022, en la frontera Comalapa y La Trinitaria, Chiapas, se reportaron 4 mil 250 desplazados internos de siete comunidades.

• Libertad para participar en procesos políticos. Se señaló que el Gobierno mexicano otorgó a la ciudadanía los elementos necesarios para elegir a sus gobernantes mediante unas elecciones libres y justas, basadas en el sufragio universal.

“Los observadores internacionales consideraron que las elecciones nacionales más recientes fueron en general justas y estuvieron libres de abusos e irregularidades”, se destacó.

• Corrupción. Aunque de manera general se indicó que México “aplicó la ley con eficacia” para evitar la corrupción entre funcionarios, en el informe se citaron algunos ejemplos que daban cuenta de irregularidades en la administración gubernamental.

Tal es el caso de la Secretaría de la Función Pública, la cual en junio de 2023 anunció en una auditoría que había detectado irregularidades por un valor de USD 550 millones en operaciones de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

• Postura hacia abusos de DDHH. El Departamento de Estado tuvo conocimiento de que las comisiones estatales de derechos humanos en México estaban supuestamente subordinadas al poder ejecutivo estatal, por lo que se cuestionó su independencia y eficacia.

“Las comisiones estatales no tenían requisitos uniformes de presentación de informes, lo que dificultaba la comparación de datos estatales y, por lo tanto, la compilación de estadísticas a nivel nacional”, se advirtió.

• Discriminación y abusos sociales. En este apartado, la violencia doméstica, sexual, laboral y de pareja se presentó como uno de los mayores problemas en 2023, ya que “el gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva”, aseguró el Departamento de Estado.

La discriminación, en su mayoría, iba dirigida a personas de la comunidad LGBTQI+, migrantes y población indígena. Es decir, que los principales motivos tenían que ver con la orientación sexual, el origen étnico y las minorías raciales en México

• Derechos laborales. Se afirmó que el Gobierno de México continuó con el “fortalecimiento” de la protección de la libertad sindical, mediante la capacidad de las y los trabajadores para negociar de manera colectiva.

No obstante, se precisó que “la incapacidad del gobierno para hacer cumplir las leyes laborales dejó a los trabajadores con pocos recursos en caso de violaciones de la libertad sindical, malas condiciones laborales y otras disposiciones laborales”.

Uno de los rasgos positivos en esta materia se relaciona con la cantidad de vacaciones anuales retribuidas que se aumentó a 12 días (después de finalizar el primer año de trabajo). Pero debido a las prácticas de subcontratación, algunos trabajadores no se vieron beneficiados.

También se mencionó que la situación de los trabajadores agrícolas sigue siendo “precaria”, ya que laboran bajo un sistema de explotación en el que deben cubrir una cuota de cosecha para recibir el salario prometido, en vez de recibirlo una vez a la semana como lo exige la ley.