En plena polémica por reforma a Ley de Amparo, diputados firman acuerdo con el Poder Judicial

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, firmó este jueves tres convenios de colaboración con el Poder Judicial, con el objetivo de optimizar y acelerar los procedimientos judiciales en los que interviene esa Cámara, especialmente en lo referente a los juicios de amparo y la protección de derechos.

La firma del convenio se da un día después de la polémica que surgió en el Senado de la República, donde las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda aprobaron la iniciativa presentada por Ricardo Monreal para reformar a la ley de amparos para que el Poder Judicial no pueda suspender leyes federales ni obras del gobierno durante un juicio de amparo.

Durante una ceremonia llevada a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guerra Castillo destacó la importancia de la interacción y el fortalecimiento de la comunicación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial a través de la tecnología.

La interconexión de los sistemas tecnológicos de ambas entidades permitirá reducir los tiempos y costos asociados a los procesos judiciales, mejorando así la gestión y resolución de los mismos en beneficio directo de los ciudadanos.

“Esta colaboración entre poderes es esencial para fortalecer la República y mejorar la vida democrática del país. Los convenios permitirán una mayor interconexión tecnológica, reducción de costos y una respuesta más eficiente a las necesidades de la ciudadanía” expresó Marcela Guerra Castillo, de la bancada del PRI.

Uno de los aspectos más relevantes de esta colaboración es la adopción de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, FIREL, por parte de la Cámara de Diputados.

Esta medida no solo garantizará la participación efectiva de la Cámara en los procesos judiciales en línea, sino que también facilitará la realización de audiencias a distancia y la gestión electrónica de notificaciones y consultas.

La necesidad de estos convenios de colaboración se justifica ampliamente mediante las cifras proporcionadas por la presidenta de la Cámara, que incluyen el rendimiento de más de 13 mil informes previos y casi 20 mil informes justificados, entre otros datos.

Estas estadísticas subrayan la alta demanda de trabajo jurídico y la urgente necesidad de modernizar y hacer más eficiente este esfuerzo en respuesta a las expectativas de justicia digital y estado de derecho de la población mexicana.

El proyecto para reformar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo fue avalado por las comisiones en el Senado, con la cual se busca limitar que jueces y magistrados apliquen suspensiones provisionales y definitivas con efectos generales en los juicios de amparo contra leyes emitidas por el Congreso de la Unión o de los estados.

Senadores de diferentes partidos políticos expresaron sus posturas respecto a la reforma. Por un lado, algunos sostienen que las modificaciones son necesarias para corregir inconsistencias en la Ley de Amparo y evitar abusos en la concesión de suspensiones que paralizan las reformas del Poder Legislativo sin un análisis previo de su constitucionalidad.

En contraste, otros senadores critican la reforma, argumentando que atenta contra los derechos de las personas y la división de poderes, limitando además, de manera inconstitucional, la capacidad de los jueces para emitir juicios ponderados.

La senadora Olga Sánchez Cordero calificó la normativa como “restrictiva de derechos”. Por otro lado, Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, apuntó a una falta de reflexión parlamentaria sobre la reforma.

Miguel Ángel Mancera Espinosa señaló la potencial inconstitucionalidad de la reforma basándose en el artículo 107 de la Constitución Mexicana, que manda al juzgador realizar un análisis ponderado que no podría ser restringido por una ley secundaria.