Homicidios en Chiapas aumentaron un 52% en el primer trimestre del 2024; crimen organizado la principal fuente

Chiapas ha experimentado un alarmante aumento del 53% en los homicidios dolosos durante los primeros meses del 2024 comparado con el mismo periodo en 2023, evidenciando el impacto negativo de la disputa territorial entre organizaciones criminales.

Las localidades más afectadas incluyen Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Suchiate, concentrando casi la mitad de estas muertes violentas. Sin embargo, su cercanía con Centroamérica y sus miles de migrantes lo han hecho muy atractivo para miembros del narcotráfico de nuestro país.

Este incremento en la violencia se atribuye a una lucha por el control de las rutas utilizadas tanto para el tráfico ilegal de personas como de sustancias prohibidas. En particular, la situación se ve exacerbada en áreas con alta presencia de migrantes que intentan cruzar hacia los Estados Unidos, lo cual ha convertido estos caminos en focos estratégicos para las actividades delictivas.

El caso de Tapachula es especialmente preocupante, con un aumento significativo en los asesinatos reportados, pasando de nueve a 25 en el lapso de un año, situación que encendió las alarmas en las autoridades estatales y federales.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha proporcionado cifras que detallan la gravedad de la situación, destacando no solo el crecimiento de los homicidios en estas estratégicas municipalidades sino también marcado el contexto de violencia general en la región. Incidentes como un enfrentamiento de tres horas en la ruta entre Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla, que resultaron en dos muertes y varios vehículos incendiados, subrayan la escalada del conflicto.

Ante esta crítica situación, el gobierno ha lanzado la Operación Chiapas Seguro, un despliegue de fuerzas de seguridad en un intento por restablecer el orden. Este esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno ya ha enfrentado a organizaciones criminales en Ocozocoautla, generando bajas entre los delincuentes e hiriendo a un oficial. Este tipo de operativos busca reducir la incidencia del crimen organizado en la zona y proteger a las poblaciones vulnerables afectadas por este entorno de inseguridad.

El fenómeno migratorio y la consecuente presión sobre las rutas de tránsito han puesto a Chiapas en una posición delicada, no solo frente al crimen organizado sino también en el ámbito humanitario. La competencia por el dominio de estas rutas no solo facilita actividades ilícitas sino que también plantea serios riesgos para los migrantes y las comunidades locales atrapadas en el fuego cruzado.

En un creciente esfuerzo por contrarrestar la violencia y el narcotráfico en ciertas regiones, más de mil efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, junto con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, también han sido desplegados para realizar reconocimientos radiales y establecer puestos de seguridad.

Esta medida responde a recientes enfrentamientos con grupos armados, destacando uno el 31 de marzo al sur del Estado cerca de la presa de La Angostura, que resultó en la trágica muerte de 10 personas, según reportes oficiales.

La situación de seguridad se agravó tras la agresión de un convoy de aproximadamente 15 camionetas, equipadas con blindaje artesanal, que atacó a los uniformados. Este incidente precede a un preocupante aumento en las cifras de homicidios en el estado, que si sigue la tendencia del primer bimestre de 2024, podría cerrar el año con 582 muertes violentas, superando previos registros anuales.

Pese a los esfuerzos del gobierno de Rutilio Escandón por reducir la violencia en el estado, que inicialmente resultaron en una disminución notable de asesinatos desde su llegada al poder, el 2023 ha experimentado un repunte significativo, sumando 500 homicidios.

Esta reversa de la tendencia cobra especial relevancia al contrastarla con la disminución registrada en 2022, donde se contabilizaron 377 homicidios dolosos, la cifra más baja en años recientes. Aun así, la discrepancia entre los reportes oficiales y los del centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que alega un número mayor de fallecidos en el enfrentamiento de marzo, refleja la complejidad y la urgencia de atender esta crisis de seguridad.

Estas medidas de seguridad y los datos sobre la escalada de violencia en el estado subrayan la difícil situación que enfrenta la región, en un contexto donde el Estado se esfuerza por restablecer el orden y la paz frente a los desafíos impuestos por el crimen organizado y el narcotráfico.