Así actúa la Corte Internacional de Justicia en las crisis diplomáticas como las de México y Ecuador

La noche del 5 de abril de 2024, un incidente tuvo lugar en la Embajada de México en Ecuador, y detonó una crisis política entre ambos países. Elementos de un cuerpo de élite de la Policía Nacional de Ecuador ingresaron a la embajada mexicana en aquel para para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, acusado del desvío de recursos públicos. La acción que ha sido calificada por autoridades mexicanas como una irrupción arbitraria.

La detención de Glas dentro de las instalaciones diplomáticas ha provocado un pronunciamiento enérgico por parte de México, que ha condenado lo que considera una violación de su soberanía. Según declaraciones del jefe de la misión diplomática mexicana en Ecuador, Roberto Canseco, la operación policial fue ilegítima bajo las legislaciones mexicanas vigentes en la embajada. Canseco remarcó en redes sociales la gravedad de detener a alguien bajo la protección diplomática de México, lo que constituye una violación tanto a los convenios internacionales como al derecho propio de este país.

El enfrentamiento diplomático escala hacia un ámbito legal internacional, con México que ya prepara denuncias por violaciones al derecho internacional en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ubicada en La Haya, Países Bajos. Esta no sería la primera vez que Ecuador enfrenta un litigio en este alto órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recordando el caso del conflicto de fumigación aérea con glifosato en la frontera norte con Colombia en 2008, aunque aquel proceso fue descontinuado sin llegar a una sentencia. En estas crisis, la CIJ tiene un protocolo a seguir.

La Corte Internacional de Justicia es una institución encargada de dos funciones críticas: la resolución de diferencias entre Estados aplicando normas de derecho internacional, y la elaboración de opiniones consultivas relacionadas con temas jurídicos a petición los países miembros de ONU.

La composición de la Corte incluye a 15 jueces, electos por términos de nueve años por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Seguridad. Estos jueces representan las principales tradiciones jurídicas del mundo, asegurando una diversidad de perspectivas legales en la toma de decisiones. A lo largo de su historia, la CIJ ha emitido fallos en numerosos casos de relevancia internacional, lo que estableciendo precedentes importantes en cuanto a tenciones diplomáticas como las de México y Educador.

En los procesos judiciales internacionales, las disputas entre naciones se resuelven a través de un procedimiento que inicia con el intercambio de argumentos legales detallados, seguido de audiencias públicas. Este proceso culmina con la deliberación de los jueces y la emisión de una sentencia, la cual puede tardar desde semanas hasta varios años en ser anunciada. Un aspecto distintivo es la participación de agentes, con facultades similares a las de un abogado. Ellos son designados por los países involucrados para representar sus casos; en ocasiones, hasta políticos de alto perfil asumen este rol, de acuerdo con la información de la UNO.

Durante la fase preliminar, las partes implicadas presentan documentos que contienen una declaración exhaustiva de los hechos y fundamentos jurídicos en los que se apoyan. Después, se lleva a cabo una fase oral donde los agentes presentan sus argumentos frente al tribunal. Este proceso no solo garantiza una estructura ordenada para el manejo de disputas internacionales sino que también asegura transparencia mediante audiencias públicas antes de que los jueces procedan a deliberar en privado.

Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son irrevocables y sin posibilidad de apelación. Los Estados tienen la obligación de aplicar las resoluciones dictaminadas por este organismo dentro de su jurisdicción nacional.

Un ejemplo emblemático de esta dinámica se presentó en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos en 1984, donde Nicaragua demandó reparaciones debido al apoyo estadounidense a grupos contrarrevolucionarios conocidos como “contras”. Pese a que la CIJ decidió a favor de Nicaragua, Estados Unidos rechazó el fallo, llevando a Nicaragua a buscar un pronunciamiento del Consejo de Seguridad, el cual resultó infructuoso debido al veto de Estados Unidos.

En ciertos casos, un Estado puede ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia incluso sin su consentimiento previo. Esto ocurre cuando la demanda se basa en tratados o convenciones de la ONU que abarcan la competencia de la CIJ y que previamente han sido ratificados por el país demandado. Dicha situación resalta la complejidad del derecho internacional y el compromiso de los países con los tratados internacionales, enfatizando la relevancia de la jurisdicción de la CIJ en la solución de contiendas internacionales.