A dos meses de llevarse a cabo el proceso electoral mediante el cual se elegirá al siguiente presidente de México, así como a diversos alcaldes, integrantes del Poder Legislativo y por supuesto gobernadores entre los que se encuentra al próximo representante de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina explicó de nueva cuenta los motivos por los que presuntamente su casa tuvo un valor por 339 pesos.
La exalcaldesa de Iztapalapa y actual abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, ofreció una entrevista al periodista Ciro Gómez Leyva al que, de nueva cuenta, le explicó los motivos por los que su contrincante, Santiago Taboada, la acusó de haber adquirido un inmueble por la cantidad antes citada.
De acuerdo con lo expuesto por la aspirante a suceder a Martí Batres Guadarrama, el valor que el candidato de la alianza Va por la Ciudad de México dijo fue lo que pagó por su residencia oficial, en realidad tiene que ver con la escrituración del inmueble y el cual se ubica en la colonia de San Miguel Teotongo.
“Aclarar muy bien. Tu servidora, al igual que más de un millón de familias en esta ciudad, se escrituraron bajo los programas de regularización territorial que hizo la Coret, la DGRT... Eso significa que son zonas que fueron expropiadas por el Gobierno de la Cuidad o por el Gobierno federal cuando se trataba de áreas ejidales”.
La morenista, una vez que remarcó que el valor de 339 pesos fue para cubrir los gastos de estructuración, insistió en que así fue como se construyeron las periferias que conforman a la capital; en su caso, además hizo hincapié en que ella se había mudado de casa de sus padres a la colonia San Miguel Teotongo, la que calificó como aquella que “necesitaba todo en esta ciudad” por convicción y, desde entonces, ha trabajado de la mano de los vecinos para engrandecer la zona.
“Los 300 y tantos pesos fue lo que la Coret inscribió en el registro público de la propiedad a finales de los 80 y, (me pasó) al igual que los pobladores de Iztapalapa que tuvieron su escrituración”, resaltó.
Clara Brugada Molina insistió en que en la actualidad la oposición se ha valido de esta cifra para desprestigiarla, por lo que ella se ha enfocado en aclarar que el valor que pagó fue solo por las escrituras, cifra que en su momento se implementó como parte de un programa social que ela aprovechó, al igual que los miles de habitantes tanto de la demarcación que ella habita y gobernó, como el resto de los capitalinos.
“Dicen que ese monto es lo que costó la vivienda y esto no es así, este fue el costo de la escrituración que se puede verificar... fue la escrituración de un programa público”
Bajo esa tónica, la aspirante al Gobierno de la Ciudad de México insisitó en que ella en la actualidad representa a los miles de ciudadanos que obtuvo las escrituras de su casa a través de programas de regularización; no obstante, insistió en que esto en la actualidad no tiene nada que ver especialmente cuando en la urbe sonó mucho el tema del cartel Inmobiliario que ha afectado a los miembros de la oposición que ahora la acusa.
No es la primera vez que aclara
Después de haberse realziado el primer ‘Debatre Chilanco’, la exalcaldesa de Izxtapalapa difundió una tarjeta infoirmativa mediante la cual aclaró el motivo por el cual había pagado la cantidad de 339 pesos por su vivienda.
Con dicha acción, Brugada desmintió las acusaciones de un miembro del Partido Acción Nacional (PAN) sobre el supuesto costo de su vivienda, subrayando que no adquirió un terreno de mil 500 metros cuadrados por 399 pesos, ni ha participado en actividades corruptas. Con esa información, la exfuncionaria aclaró que reside en una vivienda de 160 metros cuadrados dentro de la misma demarcación que gobernó, con un valor catastral de 256 mil pesos, cantidad que coincide con su declaración patrimonial. La controversia surgió después de que el político del PAN insinuara que ella había pagado un precio irrisorio por un gran predio, lo cual ella cataloga como un intento de confundir a la ciudadanía.
La exmandataria explicó que el monto mencionado por el miembro del PAN corresponde a un pago por trámites de regulación de la tierra, asociados al valor comercial del terreno, y no al precio de compra de su casa. Ella sostvo que sus finanzas y adquisiciones son transparentes y están debidamente documentadas, buscando así despejar cualquier duda sobre su integridad y compromiso con la legalidad.